Investigaciones recientes han sacado a la luz un entramado delictivo de megaestafas inmobiliarias y lavado de activos en Rosario, que involucra a sectores empresariales y a la burocracia sindical y compromete al propio gobierno provincial.

El periódico El Ciudadano informa en su edición del 5 de octubre que “La banda, según la acusación, tenía dos facetas. Una, la ejecución de los fraudes reiterados con propiedades de las que se apoderaban ilegítimamente, tras lo cual las inscribían en el Registro de la Propiedad con documentación falsa y así comenzaban a pasarla de mano. De esta manera le daban apariencia de legalidad y la introducían al mercado. Por otro lado, el grupo tenía la capacidad y estaba predispuesto para procesar flujos financieros provenientes del narcotráfico y otras actividades ilícitas para aplicarlos a operaciones con el fin de que adquirieran apariencia de licitud y obtener ganancias”.

El staff criminal estaba compuesto por el gerente del diario La Capital, un integrante de la burocracia del Sindicato Único de Monteros Argentinos (los monteros son trabajadores que trabajan en la tala forestal), corredores y empresarios inmobiliarios, escribanos y contadores. Se los acusa de 50 operaciones inmobiliarias fraudulentas por 80 millones de pesos, y de lavado de dinero del narcotráfico, en conexión con reconocidas bandas locales.

 

 

Operación rescate

 

Frente a la detención de los integrantes de la banda, estalló la crisis en el gobierno del Frente Progresista: dos ex ministros de Justicia, durante las gestiones de Bonfatti y Binner, se establecieron como abogados defensores de los imputados. De hecho, uno de ellos actualmente era asesor del diputado provincial y ex ministro de gobierno Rubén Galassi, quien se vio obligado a echarlo al día siguiente.

Ahora las escuchas se extienden e involucrarían a los funcionarios del Registro de la Propiedad. Las ramificaciones podrían ser realmente profundas, comprometiendo a sectores políticos y llegando al corazón del Estado.

Lifschitz tuvo que reaccionar y presentó el pedido para declarar querellante a la provincia. El Estado acusa para evitar ser acusado.

 

 

Del otro lado, una crisis social

 

El operativo fraudulento entronca con todo un régimen de especulación inmobiliaria, cuya contracara es la creciente crisis habitacional de la provincia.

Según el censo del Indec de 2010, existían en la provincia unas 195.000 viviendas deshabitadas, mientras un elevado número de santafesinos carecían de una vivienda digna. Los datos revelaban más de 18.500 ranchos y casillas, al tiempo que la duplicación en una década de la cantidad de viviendas precarias.

En los años siguientes, el negocio inmobiliario creció, en torno a las megaobras de construcción sobre el Río Paraná.

 

 

Un régimen podrido

 

El balance de todo este cuadro arroja dos conclusiones: que la provincia es gobernada de espaldas a las necesidades de la población santafesina, y que el gran delito es organizado desde los sectores capitalistas y el propio Estado. El narcotráfico solo puede operar sobre la base de lavar sus ganancias.

Mientras se revela el fracaso de los planes de “seguridad”, que implican saturar las calles y los barrios con fuerzas policiales en nombre de combatir el gran delito, queda de manifiesto que el verdadero núcleo del crimen está enquistado en las fuerzas del Estado.