Los últimos cuatro asesinatos en Rosario (a dos taxistas, un colectivero y un playero) son un salto en calidad de la crisis narco. Después de que Milei anunciara en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso “que había bajado el índice de homicidios” en la ciudad, la descomposición real de la situación golpeó con más dolor y especialmente a las familias trabajadoras.

Hubo paro y piquetes de taxistas, hay paro de colectivos por tiempo indeterminado, cerraron las estaciones de servicio en un acuerdo entre patronales y gremio. Amsafe Rosario -y también Coad, el gremio de docentes universitarios de Rosario- ya decretó un paro y lanzó la propuesta de un paro regional general, a coordinar con otros sectores, frente a la ola de temor entre la docencia, que acompaña en general entre los trabajadores, convertidos en el blanco predilecto de los asesinatos a manos de tiratiros de las bandas narco de Rosario. La gravedad de la situación llevó a levantar la movilización del 8m.

Por estas horas se suceden convocatorias difusas por redes sociales, a cacerolear, a marchar o incluso a autorrecluirse en las casas (“Toque de queda” ciudadano), para que Pullaro y Bullrich “hagan algo”. El problema de qué hacer frente a la ola de asesinatos de trabajadores está inmediatamente vinculado a la política del gobierno de Santa Fe en las cárceles y abre un debate de conjunto, sobre cuál es el camino para enfrentar el narcotráfico a la luz de la complicidad del Estado.

Es un reclamo de larga data, ante los gobiernos que se suceden y justamente la cuestión son los lazos crecientes, entre las instituciones estatales, económicas y particularmente financieras, con el narco. O sea el crecimiento del narco-Estado, como lo hemos denunciado sistemáticamente desde el Partido Obrero.

A lo Bukele

Las imágenes “a lo Bukele”, que difundieron desde el propio gobierno, fueron el punto de partida de Pullaro para mostrarse “duro con las mafias” y también de esta ola de asesinatos. El gobernador contó con el apoyo fervoroso de Bullrich y Milei, que encuentran en el tema otra oportunidad de suspender las garantías constitucionales y justificar un régimen de excepción que los tenga a ellos a la cabeza. Por estas horas discuten hasta dónde pueden cercenar libertades democráticas, así como el enésimo reforzamiento represivo, con el desembarco de más fuerzas federales.

Mientras presentan las restricciones a la circulación de la ciudadanía como un sacrificio por el “bien común”, ni se les ocurre interrumpir la libertad del circuito narco alrededor del complejo agroexportador con base en los puertos privatizados, por donde se exportan los estupefacientes de a toneladas, porque allí están los dólares del FMI, de la deuda y del capital financiero. Hay plena libertad para el tráfico de estupefacientes en fronteras, rutas y ríos, por donde llega a Rosario desde el extranjero; para el lavado de cifras multimillonarias en financieras, casinos, bancos y acciones de Bolsa. No hubo ni una sola medida para cortar la libertad de las fuerzas de seguridad, de la justicia y del poder político, de armar “cajas negras” con el narcotráfico.

Frente a la crisis causada por su propia política, el gobierno provincial salió agitar que quienes se le oponen son “cobardes”, porque retroceder sería ceder ante las demandas de los narcos. Un planteo improcedente porque no hay razones para apoyar medidas que desencadenan asesinatos de trabajadores. El gobierno no tiene ninguna autoridad para pedirle a la población que ponga en riesgo su integridad para apoyar una política de seguridad fracasada, como lo demuestra que las bandas no han perdido su capacidad operativa y eso se debe a que cuentan con sus finanzas y la colaboración de al menos una parte del aparato del Estado.

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Una salida de trabajadores

Para salir del impasse, el gobierno quiere presentar que estamos antes dos campos, “ciudadanos vs mafias”. En pos de este planteo, cámaras patronales, iglesias, la burocracia sindical, llaman a cerrar filas detrás de Pullaro. Una línea de retroceso para los trabajadores, porque nos ata de pies y manos frente a los responsables de destruir el trabajo, el salario, las jubilaciones, los barrios, las escuelas y los centros de salud, problemas indisolubles del crecimiento del narcotráfico por abajo.

Amordazarnos en materia de seguridad solo agravaría la situación, porque ni Pullaro, ni Bullrich ni Milei, piensan afectar a los dueños capitalistas del negocio narco. Su agenda es reforzar a las fuerzas de seguridad que amparan desde el Estado este flagelo. Criminalizar aún más a la juventud y a la población pobre, llenar las cárceles de perejiles y limitar las protestas que irán creciendo frente al fracaso de su orientación hambreadora y represiva.

Los paros de taxistas, colectiveros y docentes son una respuesta con los métodos de la clase obrera, pero tenemos que definir los objetivos y no dejarlos solos, todo lo contrario. Nos equivocamos si disociamos la línea oficial contra los trabajadores, de ajuste y represión, de la respuesta del Estado frente al narco.

La independencia política como trabajadores es la clave para poder intervenir con nuestros propios métodos, nuestros reclamos verdaderos e ir construyendo un programa alternativo para luchar contra la creciente configuración de un narco-Estado en Santa Fe. En este sentido, el llamado de Amsafe Rosario a organizar un paro regional es una enorme oportunidad para debatir entre trabajadores y demás sectores populares una salida real.

El paro general tiene que ser la oportunidad de convocar un congreso de trabajadores con representantes mandatados, para debatir el pliego de medidas que exigimos y que estamos dispuestos a arrancar con la lucha, entre ellos la inmediata nacionalización de los puertos, la apertura de libros de la empresas importadoras y exportadoras y de los bancos al control de los trabajadores, así como la exigencia del desmantelamiento de la narcopolicía.

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https://x.com/DeianaCarla/status/1766871028934824322?s=20

https://prensaobrera.com/sindicales/parazo-docente-en-santa-fe-2