Los últimos cuatro asesinatos en Rosario (a dos taxistas, un colectivero y un playero) son un salto en calidad de la crisis narco. Después de que Milei anunciara en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso “que había bajado el índice de homicidios” en la ciudad, la descomposición real de la situación golpeó con más dolor y especialmente a las familias trabajadoras.

Hubo paro y piquetes de taxistas, paro de colectivos, cerraron las estaciones de servicio en un acuerdo entre patronales y gremio, por presión de los trabajadores. Pararon los docentes universitarios contra las órdenes del Rectorado de la UNR, cerraron los centros de salud, muchísimos comerciantes bajaron las persianas y Amsafe Rosario paró frente a la ola de temor entre la docencia y lanzó la propuesta de organizar un paro regional general, que tuvo mucho eco, porque los trabajadores se han convertido en el blanco predilecto de los asesinatos.

La Unidad Piquetera y la Utep van a un Piquetazo el lunes 18 de marzo “contra la política de hambre y la militarización de los barrios de Milei y Pullaro” y está en debate la convocatoria a una acción de lucha unitaria entre trabajadores ocupados y desocupados, que levante un planteo integral en oposición a la política criminal del gobierno.

También hubo protestas ciudadanas difusas, con cacerolazos, una concentración en el Monumento a la Bandera e incluso un llamado a autorrecluirse en las casas (“Toque de queda” ciudadano), para que Pullaro y Bullrich “hagan algo”. En esta línea se suspendió la marcha del 8M. El problema de qué hacer frente a la ola de asesinatos de trabajadores está inmediatamente vinculado con la política del gobierno de Santa Fe en las cárceles y abre un debate de conjunto sobre cuál es el camino para enfrentar al narcotráfico a la luz de la complicidad del Estado.

Es un reclamo de larga data, ante los gobiernos que se suceden, y justamente la cuestión son los lazos crecientes entre las instituciones estatales, económicas y particularmente financieras, con el narco. O sea, el crecimiento del narco-Estado, como lo hemos denunciado sistemáticamente desde el Partido Obrero.

Bajo el gobierno del Frente de Todos, los crímenes narco tuvieron su epicentro en las barriadas populares de Rosario, cobrándose la vida de niños y adolescentes, provocando una pueblada en el barrio Toba contra el búnker del lugar, que fue reprimida por la Policía de Santa Fe como toda respuesta. El abordaje del ahora panelista y dos veces ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, fue, primero, culpabilizar a las víctimas (“se matan entre ellos”) y luego del atentado contra la cadena de supermercados de la esposa de Messi sentenciar que “ganó el narcotráfico”.

La respuesta del Estado, como ahora, fue el desembarco de Gendarmería en Rosario, la militarización de los barrios y el anuncio de que intervendría el Ejército con apoyo logístico, en boca de Alberto Fernández. El cambio de la situación radica en que las bandas se han propuesto golpear la actividad económica de Rosario a partir de asesinar a sus trabajadores, paralizando servicios elementales como el transporte. Que lo hagan usando armas y municiones de la Policía de Santa Fe es todo un mensaje mafioso sobre el entrelazamiento profundo entre bandas y fuerzas de seguridad. Y en la profundización de una crisis sistémica, frente a gobiernos que protegen a los dueños del negocio narco.

“A lo Bukele”

Las imágenes “a lo Bukele”, que difundieron desde el propio gobierno, fueron el punto de partida de Pullaro para mostrarse “duro con las mafias” y también de esta ola de asesinatos. El gobernador contó con el apoyo fervoroso de Bullrich y Milei, que encuentran en el tema otra oportunidad de suspender las garantías constitucionales y justificar un régimen de excepción que los tenga a ellos a la cabeza. Por estas horas discuten hasta dónde pueden cercenar libertades democráticas, a partir de generalizar las “razzias” en los barrios pobres, el pedido de DNI a cualquiera en la calle y, sobre todo, ampliar las atribuciones del Ejército para la represión interna.

Esta orientación choca con el rechazo de las propias Fuerzas Armadas a intervenir sin tener un marco legal que las ampare y probablemente porque anticipan un nuevo fracaso. Por caso, las fuerzas federales desplegadas en Rosario denuncian que la Policía provincial es la principal responsable del fracaso de los operativos, porque actúan protegiendo a las bandas con “chivatazos”. Una realidad que se une a la connivencia de Gendarmería con el narcotráfico en las fronteras, de Prefectura en los ríos y de la Fuerza Aérea en el control del espacio aéreo.

El llamado a una guerra contra el narcotráfico que tenga al Ejército en las calles debe ser rechazado de plano por los trabajadores y el conjunto del pueblo. Las experiencias latinoamericanas no solo demuestran que esa intervención ha sido rotundamente incapaz de desmantelar las redes de narcotráfico, que actúan como conglomerados capitalistas trasnacionales cada vez más poderosos, sino que además el saldo es la masacre de las poblaciones donde se desarrolla esta intervención. Según estiman medios mexicanos, entre que Felipe Calderón declaró la “guerra contra el narcotráfico” en 2006 y el año 2016, hubo en México 100 mil muertos y 30 mil desaparecidos.

Mientras Bullrich y Pullaro llaman a que la población haga este “sacrificio”, no se tomó ninguna medida para cortar el circuito narco alrededor del complejo agroexportador con base en los puertos privatizados, por donde se exportan los estupefacientes de a toneladas a Europa, Oceanía, Asia y Brasil, porque allí están los dólares del FMI, de la deuda y del capital financiero. Mientras se cercenan las libertades ciudadanas, hay plena libertad para el tráfico de estupefacientes que llegan a Rosario desde el extranjero; para el lavado de cifras multimillonarias en la especulación inmobiliaria, en casinos, bancos y acciones de Bolsa, y continúa el financiamiento de la importación de drogas a partir de los dólares de las financieras. No hubo ni una sola medida para depurar a las fuerzas de seguridad, de la Justicia y del poder político que arman “cajas negras” con el narcotráfico.

Frente a la crisis causada por su propia política, el gobierno provincial salió agitar que quienes se le oponen son “cobardes”, porque retroceder sería ceder ante las demandas de los narcos. Un planteo improcedente porque no hay razones para apoyar medidas que desencadenan asesinatos de trabajadores. El gobierno no tiene ninguna autoridad para pedirle a la población que ponga en riesgo su integridad para apoyar una política de seguridad fracasada, como lo demuestra que las bandas no han perdido su capacidad operativa, y eso se debe a que cuentan con sus finanzas y la colaboración del aparato del Estado.

Una salida de trabajadores

Para salir del impasse, el gobierno quiere presentar que estamos antes dos campos, “ciudadanos vs. mafias”. En pos de este planteo, cámaras patronales, iglesias, la burocracia sindical, llaman a cerrar filas detrás de Pullaro. Una línea de retroceso para los trabajadores, porque nos ata de pies y manos frente a los responsables de destruir el trabajo, el salario, las jubilaciones, los barrios, las escuelas y los centros de salud, problemas indisolubles del crecimiento del narcotráfico por abajo.

Amordazarnos en materia de seguridad solo agravaría la situación, porque ni Pullaro ni Bullrich, ni Milei piensan afectar a los dueños capitalistas del negocio narco. Su agenda es reforzar a las fuerzas de seguridad que amparan desde el Estado este flagelo. Criminalizar aún más a la juventud y a la población pobre, llenar las cárceles de “perejiles” y limitar las protestas que irán creciendo frente al fracaso de su orientación hambreadora y represiva.

Los paros son una respuesta con los métodos de la clase obrera, pero tenemos que definir los objetivos y no dejarlos solos, todo lo contrario. Nos equivocamos si disociamos la línea oficial contra los trabajadores, de ajuste y represión, de la respuesta del Estado frente al narco. La independencia política como trabajadores es la clave para poder intervenir con nuestros propios métodos, nuestros reclamos verdaderos e ir construyendo un programa alternativo para luchar contra la creciente configuración de un narco-Estado en Santa Fe.

En este sentido, el llamado a organizar un paro regional es una enorme oportunidad para debatir una salida real con la organización de un Congreso de Trabajadores, con representantes mandatados, para debatir el pliego de medidas que exigimos y que estamos dispuestos a arrancar con la lucha. Entre ellas, la inmediata nacionalización de los puertos, la apertura de libros de la empresas importadoras y exportadoras, y de los bancos al control de los trabajadores, la exigencia del desmantelamiento de la narco-policía, el apoyo a todas las luchas en defensa del trabajo, del salario, de la educación y la salud, hasta derrotar la motosierra de Milei y los gobernadores.

https://www.prensaobrera.com/politicas/bullrich-y-petri-anuncian-mas-de-lo-mismo-para-ocultar-la-responsabilidad-de-milei-y-pullaro-en-la-crisis-narco