El vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz, realizó declaraciones polémicas, afirmando que “no puede haber un derecho detrás de cada necesidad”. Se trata de una orientación para allanar el camino a las reformas antiobreras (convenios colectivos,  reforma tributaria jubilaciones, etc.), que buscan suprimir derechos cuando los recursos nacionales son saqueados por el FMI y el capital internacional.

El hecho tuvo lugar en un discurso que el juez realizó en la Universidad de Chile, en el marco de una charla titulada “Justicia, Derecho y Populismo en Latinoamérica”. Su intervención sirvió al propósito de darle un “respaldo jurídico” a las demandas capitalistas respecto al desmantelamiento de derechos laborales (baja del “costo laboral”), la destrucción del sistema previsional, el acotamiento de las políticas sociales y toda una agenda de medidas contra los trabajadores.

Allí, Rosenkrantz manifestó que “no puede haber un derecho detrás de cada necesidad, sencillamente, porque no hay suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades. A menos, claro, que restrinjamos qué entendemos por necesidad o entendamos por derecho aspiraciones que no son jurídicamente ejecutables”.

La cuestión de los “recursos” es repetida en otros tramos de su intervención, en los que se refiere a una supuesta “escasez” y a la cobertura de los “costos” que implicaría la consecución de dichos recursos.

Las palabras del vicepresidente de la Corte podrían ajustarse a una impugnación judicial, por ejemplo, del acuerdo del gobierno con el FMI, el cual plantea, sobre un derecho más que cuestionable, el drenaje de los “escasos” recursos económicos del país, lo que a su vez cercena el acceso a otros derechos ya legislados que cubren necesidades de primer orden (vivienda, trabajo, salud, educación, etc.).

Sin embargo, se trata de un discurso proyectado para restringir los derechos populares: un intento por justificar que en verdad “se hace lo que se puede con lo que se tiene” y que el límite de la Justicia estaría dado por el discurso económico: es decir, una Justicia de clase. Esta interpretación armará nuevos ataques contra la educación y la salud, con planteos privatistas. Lo que ya se impone en los hechos con el desfinanciamiento público.

Una falsa dicotomía

Rosenkrantz busca “polemizar” con el peronismo, en línea con la “onda anti gasto público” de la derecha y el FMI. Pero se trata más bien de una colaboración a una tarea que ya “bien” realiza este gobierno. Alberto Fernández y su ministro Guzmán, por ejemplo, avanzan denodadamente en los recortes de presupuesto de todo lo que se le parezca a un derecho, con una obra pública casi paralizada, por ejemplo.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, salió al cruce del juez solo para ratificar parcialmente el fundamento de este, señalando: “Que exista escasez no anula los derechos. Pero, ¿es escasez o un problema distributivo? Doy un ejemplo. Dicen que Argentina produce alimentos para 400 millones de personas”.

¿Hay escasez o no? El ministro de Desarrollo Social, por ejemplo, no deja de repetirle a las organizaciones piqueteras que el cierre del acceso a los programas sociales está empujado por la falta de recursos, los cuales se dirigen al pago de la deuda externa –los hay, pero los usan para el FMI.

Como el pez por la boca muere, Kicillof se ufana de un excedente nacional de alimentos en una provincia que acaba de recibir una movilización piquetera porque el gobierno… no entrega alimentos. Entre Kicillof y Rosenkrantz hay solo un “matiz ideológico”.

Cuando Rozenkratz se refiere a las “aspiraciones que no son jurídicamente ejecutables” también está bastardeando derechos constitucionales, como el de vivienda digna, trabajo e incluso el derecho a la jubilación. En este último supuesto la Corte mantiene cajoneadas las miles de causas que presentan los y las jubiladas por la actualización de sus haberes y el cobro de las sumas adeudadas por el Estado.

Los falsos progresistas, por su parte, son los que de una necesidad, a un hábitat saludable por ejemplo, han hecho “propaganda electoral”, con el desalojador de Berni reprimiendo y expulsando a familias en Guernica, entre otras represiones de igual tenor.

También cabe recordar que con motivo de la discusión de la aprobación del derecho al aborto la burocracia sindical “peronista” salió a oponerse a que las obras sociales “cubran el costo” de las eventuales intervenciones.

El planteo de que los derechos deben “racionarse” en función de la “escasez” de recursos es una impostura total. Lo que sobran son recursos: mano de obra desocupada de a millones, capacidad industrial utilizada por debajo del 60%, recursos territoriales y naturales abundantes, exportaciones con precios internacionales fuera de serie, etc.

Lo que no funciona es la relación social capitalista que es incapaz de unir al pan con el hambriento y a la necesidad con un derecho, porque solo se realiza en la medida que destruye conquistas laborales y populares. Y lo que resta queda se lo lleva el FMI.

El discurso de Rosenkrantz es en favor de un mayor ajuste sobre la población trabajadora, ya que plantea condicionar los derechos, actuales y futuros, al programa económico que dicte el capital financiero y al fracaso de la economía capitalista, y prepara las condiciones jurídicas para una reforma antiobrera. El gobierno, por su parte, aplica su propia interpretación de la misma línea argumental: el FMI primero. La clase obrera debe enfrentar esta orientación, para realizar plenamente su derecho al trabajo, salario, jubilaciones, vivienda, salud, educación y condiciones de vida.

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