En el Chaco se han realizado en sólo un mes –sin contar el del 18/5– cuatro paros provinciales (además del paro nacional del 5 de mayo). Todos, contra las leyes de ‘ajuste’ del gobierno rozista.

La feroz represión desatada contra los trabajadores, el 26 de abril, quedó corta frente a la del 17 de mayo, que dejó un saldo de 18 heridos y 8 detenidos.

El paro y la movilización habían sido convocados por la Coordinadora de Gremios Estatales y la CGT (moyanista). La movilización contó con la presencia de más de cinco mil compañeros. La represión se desató después del acto frente a Casa de Gobierno, cuando los manifestantes marcharon a la Legislatura. Esta fue vallada con la custodia de más de 400 policías. Se persiguió a trabajadores por varias cuadras, incluso dentro de sindicatos y casas; la ciudad estuvo literalmente sitiada desde temprano por la policía, no sólo en su casco céntrico, sino también en su periferia.

El ajuste implica la rebaja salarial por medio del congelamiento de la bonificación por antigüedad. En algunos casos esta quita llega a ser de más del 50% del total salarial. Teniendo en cuenta que la mayoría no cobra más de 400 pesos, el ataque al bolsillo de las masas es brutal.

El ajuste es para ‘cumplir’ las metas pactadas con la Nación para la reformulación del presupuesto provincial y el pacto firmado por la provincia con el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial.

La provincia del Chaco tiene una deuda de más de 1.200 millones (hay versiones de que llega a 2.000) y un vencimiento de 211 millones para este año. El déficit anual es de 18 millones. El presupuesto pretende reducirse en 91 millones de pesos durante este año y el déficit anual a 3,15 millones de pesos. El 20% de la población chaqueña dispone de 388 pesos anuales para vivir, un 25% está desocupado y más del 71% de los menores de 14 años están por debajo de la línea de pobreza.

Las leyes permiten, además, la rescisión de contratos, despidos (algo que ya está sucediendo en la planta municipal), la derogación de los escalafones y la ‘nacionalización’ del Instituto de Salud y Seguridad Social de la Provincia. Un artículo permite privatizar empresas estatales (la reprivatización del Banco del Chaco).

Comité de guerra

Mientras la represión se agudizaba, por la tarde del miércoles 17, Rozas se reunió con el vicegobernador, los ministros de Gobierno y coordinador, y el intendente de Resistencia, para anunciar la creación de un Comité de Seguridad Ciudadana. Su función: “garantizar el normal funcionamiento de los poderes del Estado, los derechos ciudadanos y los bienes”.

El ‘Comite’ será un órgano de Inteligencia, y hay versiones de que Rozas pedirá a la justicia la captura del secretario general de la Upcp por apología del delito (La Nación, 19/5). Será el Estado Mayor de Guerra contra los trabajadores, para la futura aplicación de las leyes de ajuste.

¿Qué hacer?

La posicion de la Iglesia (también del peronismo) es conformar una comisión de ‘diálogo’ (con los gremios y federaciones económicas) para la aplicación ‘consensuada’ de las leyes.

El paro del día 18 fue minoritario y no contó con una perspectiva por parte de los gremios convocantes (Utre, Atech, Upcp). Las expectativas de ‘dialogar’ con el gobierno –mezcladas con los paros aislados– llevaron a una encerrona, y terminaron en un fracaso. El último paro parece, más que continuación de la lucha, su finalización, para pasar a una etapa de ‘acciones’ sectoriales para que el ajuste no se aplique.

Para que no se apliquen las leyes. Para que se deroguen es necesaria una acción unitaria y decidida de toda la clase trabajadora del Chaco.

A las direcciones de la Coordinadora de Gremios Estatales y la CGT provincial les cabe la responsabilidad de llamar a asambleas y un congreso provincial de delegados de base que discuta un plan de lucha y prepare una huelga general hasta la derogación de las leyes de ajuste y de privatización.