El trato privilegiado que recibieron los jugadores de la Unión de Rugby de Cuyo (URC) denunciados de abuso sexual por una joven de 24 años, jugadora de la selección femenina del mismo deporte, indignó a la población mendocina, que se expresó crítica hacia el gobernador de “Cambia Mendoza”, Alfredo Cornejo, en las redes sociales y lanzó una convocatoria a movilizar el 14 de febrero próximo a la Legislatura bajo el lema “No a la impunidad para los campeones violadores protegidos”.

 

La denuncia de la joven data del 23 de diciembre pasado. La primera medida dictada por el Poder Judicial, una vez cumplido el protocolo ante caso de violación, fue un peritaje psicológico sobre la mujer para determinar si “fabulaba en su relato o no” según dijeron las autoridades. 

 

Sobre los imputados por "abuso sexual agravado por acceso carnal y por la participación de dos o más personas", en cambio, recayó otro tipo de confianza. La Corte de Justicia –recientemente "fortalecida" con el ingreso del misógino juez Valerio– les habilitó el ascensor privado de los jueces del Palacio, para trasladarse el día de las declaraciones en la fiscalía y evitar el escrache ante los medios.

 

Entre el resto de los denunciados –siete hasta el momento– se encuentran el manager de la URC, José Hervida, dueño del loft donde ocurrieron los hechos –fue detenido, pagó una fianza de $150.000 y recuperó su libertad–; Lisandro Biffi, hijo del presidente de la Cámara de Diputados de la Legislatura y ex candidato radical a gobernador, César Biffi, y Sebastián Viani, su sobrino.

 

La lupa en la víctima

 

Todos son defendidos por el abogado penalista Juan Day, que declaró que “quizás la chica los incitó y abusó de ellos” y, más tarde, agregó que “son exitosos y deportistas, no necesitan llegar a eso”. Estas declaraciones agraviantes contra la víctima tuvieron un destinatario político certero.  

 

Ocurre que el fiscal a cargo de la Unidad Fiscal de Violencia de Género, declaró en radio Nihuil que “sólo en enero se registraron 560 denuncias en la primera circunscripción y 280 detenciones”, dando cuenta de la magnitud de este fenómeno. Sin embargo, una publicación en diario Los Andes resalta que la nueva Unidad Fiscal investigará las “denuncias falsas” y, sin dar nombres de los magistrados consultados, difundió que “temen una banalización del tema que genere situaciones de injusticia inversa por el avance de denuncias amañadas o falsas”. Todo un anuncio respecto de la línea de encubrimiento y protección de los violentos que el gobierno quiere imponer en la provincia. 

 

El balance de la gestión de gobierno en esta materia es lapidario. La primera posición del gobierno de Cornejo ante las enormes movilizaciones por los femicidios en 2016 fue aplicar un endurecimiento de las prisiones preventivas y un plan “de cura del violento”, a cargo del Ministerio de Salud, que siguiendo el modelo chileno formalmente apuntaba a evitar la súper población en las cárceles. Ambas medidas no sólo fueron un rotundo fracaso sino que ni siquiera fueron aplicadas a los funcionarios del Poder Ejecutivo mendocino: por caso, al ex ministro de salud, Rubén Giachi –quien tuvo que presentar la renuncia tras la denuncia de su ex pareja por golpearla– no le aplicaron la preventiva y se fue elogiado del gabinete por el gobernador. En esta línea de encubrimiento, Cornejo rechazó hacer declaraciones públicas sobre el caso de los rugbiers violadores y los privilegios que vienen recibiendo durante el proceso judicial. 

 

Cuando las denuncias recaen sobre funcionarios públicos y ministros (Esquivel, Correa, Giachi….) la protección e impunidad salta a la vista de todos. Nuestra denuncia de que "el Estado es responsable" refleja el encubrimiento que se opera desde el poder. Por eso reclamamos que se den a conocer los antecedentes de todos los funcionarios de Cornejo.

 

Vamos por un gran 8M: Paro internacional de las mujeres

 

En Mendoza, como en el mundo, las mujeres se animan a hacer pública su situación de opresión, rompiendo una tradición histórica de sumisión a la violencia doméstica y de género. No podemos relegar la defensa de las condiciones de vida de las mujeres víctimas de violencia de género en el Estado y sus instituciones. Tenemos que redoblar la organización independiente y la movilización.

 

El planteo de un Consejo Autónomo de las Mujeres, junto a la declaración de la emergencia en violencia de género con presupuesto, se sentirá fuerte en la jornada del 8M Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que estamos preparando en los barrios, lugares de trabajo y estudio contra los planes violentos y de ajuste de Macri-Cornejo.