El anuncio de la designación al frente de la cartera de Seguridad de la antropóloga e investigadora del Conicet, Sabina Frederic, convoca a la discusión de cuál será la política de seguridad del próximo gobierno de Alberto Fernández.

Proveniente del mundo académico y con experiencia en el trabajo técnico con equipos de las fuerzas represivas del Estado, Frederic- perteneciente al denominado Grupo Callao, uno de los sectores que promovió la unidad del peronismo y la candidatura de Alberto Fernández- ostenta el perfil adecuado para presentar un esquema de seguridad “renovado”.

Con la experiencia adquirida durante sus funciones en la Subsecretaría de Formación del Ministerio de Defensa, en el periodo que fue desde 2009 a 2011, donde Frederic orientó la política educativa de militares y civiles, las escuelas de formación de oficiales y suboficiales, las escuelas superiores de guerra y los liceos militares, más tarde se ganó el aval como asesora del Ministerio de Seguridad, a cargo de Nilda Garré y su proyecto de “Seguridad Democrática”, entre el 2012 y 2014. Doctrina que terminó sepultada bajo el escándalo del “Proyecto X” y el fracaso por erradicar el esquema de barrabravas y patotas, utilizado para aleccionar a los trabajadores, que llevó al asesinato de Mariano Ferreyra.

Bajando los humos

Frederic se ha empeñado en los últimos días en señalar que la política de Patricia Bullrich, como ministra de Seguridad, no ha pasado de ser un relato para la tribuna. En esta dirección ha señalado que los casos como los del agente Chocobar se tratan de supuestos episodios aislados, de efectivos desquiciados, que no responden a una política de gatillo fácil promovida y orientada políticamente desde el Estado. En este sentido manifestó que “en el plan discursivo [del gobierno en retirada] hubo una sobreactuación de las diferencias respecto del gobierno anterior” (Ambito.com 4/11).

En otras declaraciones, Alberto Fernandez y Agustín Rossi manifestaron que lejos de una política pro fuerzas de seguridad, ni a los gendarmes, ni a los policías, ni a los prefectos, les cambió su situación jurídica, no mejoraron sus salarios, ni sus becas, no fueron particularmente beneficiados por esta gestión. Fue en el gobierno de Kirchner cuando su situación objetiva mejoró (Página 12, 6/12).

Las afirmaciones del próximo gobierno van en la línea de embellecer y absolver a las fuerzas de seguridad por la represión bajo el macrismo. Según Frederic “en general cuando salen los protocolos de derribo de aviones o para las manifestaciones, dentro de la fuerza dicen que no se pueden hacer y que son una locura. Por abajo ocurrieron menos cosas de las que por arriba se promovieron” (Ambito.com 4/11).

Una seguridad a la medida de la crisis y el pacto social

Una de las principales propuestas que maneja Fernández para seguridad, y que le estará encargada a la próxima ministra, es la conformación de un Consejo Nacional de Seguridad, que deberá transitar los recovecos del Congreso para ser sancionado a partir de una nueva ley, con la participación de especialistas de distintas áreas y con un mando político civil. La idea de subordinar el plan de seguridad y la aplicación de las fuerzas a un órgano de estas características, que incluso podrá integrar a organizaciones de Derechos Humanos cooptadas al Estado, va en sintonía con disimular la fachada de unas fuerzas comprometidas con la represión social, el gatillo fácil y los asesinatos, como los casos de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado.

De la mano de esta iniciativa, la próxima ministra ha mencionado su intención de transformar a la Policía Federal en una policía de investigación criminal, similar a las características del FBI norteamericano. En palabras de Frederic, “se necesita policía de investigación, con este gobierno la policía federal quedó estancada. Falta inteligencia e investigación criminal para prevenir el delito (Ambito.com 4/11). Con este propósito, el próximo gobierno intentaría bajarle el perfil a esta fuerza en materia de represión de la protesta social, ante el inmenso repudio que genera, para convertirla en un espejo de lo que es la infiltración policial en la vida de los ciudadanos y organizaciones civiles y políticas.

Cualquier modificación a la fachada de la fuerzas de seguridad no altera en lo más mínimo el contenido de clase de un aparato represivo que se prepara para los eventos que tendrán lugar ante un agravamiento de la crisis económica y su impacto sobre los trabajadores. Es sustancial que los trabajadores no compremos el verso de la seguridad “renovada”, el contenido de esta será siempre reaccionario bajo las condiciones del actual régimen social y las tareas que este personal político se propone.