El gobierno de Sobisch lanzó una ola de allanamientos y difusión de "listas" para una caza de brujas, y en la tarde del 11 de enero quedaron detenidos Julio Fuentes —secretario general de la CTA Neuquén—, Horacio Fernández, Hilda Locatti y Miguel Peralta —integrantes de la directiva de ATE y la CTA—, mientras se persigue a otros siete compañeros estatales.

Los detenidos han sido acusados de atentado y resistencia a la autoridad, daños a la propiedad, lesiones y coacción agravada. En los primeros diez días, el juez sobischista Alfredo Velasco Copello, quien en primer instancia les ha negado la excarcelación, deberá confirmar o no la carátula de coacción agravada, como la acumulación de otras causas, lo que definiría "legalmente" la liberación o no de los compañeros.

El pretexto para llevar adelante semejante ataque está vinculado con la movilización del día miércoles al ISSN, donde se montó una provocación contra los trabajadores resultando lesionados el director y dos funcionarios del Instituto.

Pero, en realidad, es una excusa de un gobierno impotente frente a la rebelión popular. La desesperación en golpear al conjunto del movimiento obrero neuquino tiene que ver con que Sobisch debe aplicar el ajuste de Duhalde, principalmente la devaluación salarial, su pago diferido y en Lecop, en una provincia donde los trabajadores no dejan de luchar y donde los ajustes anteriores se encuentran atrasados, como la cajoneada "Reforma del Estado". No es casualidad que luego de la detención de los compañeros, el ministro de Economía, Alfredo Pujante, saliera a decir que es "fundamental" una Constituyente para "achicar estructuras de gobierno y reformar el Estado", incluyendo la regimentación de las protestas sociales.

El propio diario oficialista La Mañana del Sur reconoce en su editorial del día 13/1 que "hay tantas causas abiertas en la Justicia penal contra los mismos dirigentes, que más allá de los tecnicismos legales fue esa acumulación y la fuerte presión política la que ha incidido para tomar una medida que incluyó allanamientos y detenciones..."

Entre los que "presionaron políticamente" dando el apoyo anticipado a Sobisch y la vía libre para llevar adelante las persecuciones, se encuentran los diputados del MPN, los duhaldistas del PJ, la Alianza, intendentes, entidades intermedias y Acipan (cámara patronal), quienes luego de la movilización "salieron en solidaridad con las autoridades de la obra social y en repudio por la conducta violenta de los sindicalistas estatales" (La Mañana del Sur, 11/1). Lógicamente, más a fondo fue el reclamo del emepenista Luis Manganaro, presidente del Banco Provincia, quien pidió que "debe haber alguien preso" (ídem), lo mismo que había reclamado el aliancista Pechi Quiroga, intendente de Neuquén, luego de la movilización del 13 de diciembre.

A esta campaña contra los dirigentes sindicales se sumaron delegados y trabajadores del propio Instituto, quienes pidieron la renuncia de los delegados que estuvieron en la movilización. Mientras el gobierno daba rienda suelta a esta campaña, la directiva de Aten Capital, oficialismo de Ctera, salió a declarar que "de la misma forma que reprobamos forcejeos y golpes en que incurrieron (los trabajadores), reprobamos enérgicamente las provocaciones del gobierno provincial" (La Mañana del Sur, 13/1), pasando por alto que no estamos ante una situación delictiva sino política y poniendo en igualdad de condiciones al gobierno y a los trabajadores detenidos y reprimidos. Es decir que estos izquierdistas vuelven a cometer el mismo error de octubre del ’95, cuando con los mismos argumentos se distanciaron de los desocupados reprimidos en la Casa de Gobierno.

A pesar de la campaña y militarización del centro neuquino, numerosos activistas y trabajadores comenzaron a agruparse inmediatamente por la libertad de los compañeros.

Una movilización realizada el mismo viernes, luego de un debate con compañeros que planteaban sus dudas debido al virtual estado de sitio que estábamos viviendo, congregó 400 personas que nos dirigimos hacia el centro, enfrentando y superando la intimidación policial, encabezados por los dos únicos carteles presentes: "CTA Barrios en Pie" y "Fuera Sobisch. Asamblea Popular Constituyente Ya" (PO). En el desconcierto inicial por el reciente golpe recibido, la movilización sacó a los concurrentes de la pasividad, y con cánticos contra el gobierno y por la libertad de los compañeros, constituyó un punto de partida para miles de trabajadores que se fueron sumando, lo que se reflejó en la siguiente movilización del día lunes, con más de 2.000 compañeros en la calle.