El gobernador Gustavo Sáenz fue a la Legislatura salteña, en la inauguración de las sesiones parlamentarias, a justificar un enorme ajuste contra el pueblo de Salta en nombre del ajuste de Milei.

Por eso anunció que los salarios de los empleados públicos sólo se ajustarán por la recaudación, que va en franca caída, y no por la inflación. Por eso los médicos, los maestros y los trabajadores municipales arrancan el año con una caída brutal del salario de por los menos un tercio de su poder adquisitivo, y ha comenzado el despido masivo de municipales en algunas ciudades del interior.

En Educación, la ministra ya anunció que no se nombrará a los más de 1.000 ordenanza que faltan para el mantenimiento de las escuelas. Incluso está cuestionada la continuidad de los comedores escolares, porque no pueden funcionar con un presupuesto de $250 por alumno. Por ello han salido a cobrar $10.000 de cooperadora a los padres, que no tienen ni para comprar los útiles a los hijos.

En la salud pública han postergado las operaciones programadas, y la población que sufre enfermedades crónicas ya no tiene acceso a medicamentos oncológicos, para diabéticos o pacientes con HIV. Al mismo tiempo le quieren hacer creer a la gente que esta miseria presupuestaria se la puede compensar cobrándole a los trabajadores extranjeros por la atención en el hospital. Ahora, Sáenz le pide al Anses que le quite el Potenciar Trabajo a los compañeros extranjeros, muchos de los cuales hace años viven en Argentina y luchan con nosotros.

A la reducción del subsidio del transporte respondió con un boletazo que llevó el pasaje a $490, y que en pocos días puede llegar a $1.000, mientras las empresas mantienen su ganancia garantizada por kilómetro recorrido.

A la par del ajuste a los trabajadores, el ministro de Economía anunció la entrega de las regalías mineras como garantía de un nuevo hipotecamiento de la provincia. Sáenz ve en la crisis la oportunidad de nuevos negociados para el Banco Macro y para sus empresarios amigos, contratistas parásitos del Estado.

En el primer mandato, con esta política contra el pueblo, logró un superávit de 143 millones de dólares, que no fueron a hospitales, escuelas o salarios, sino al pago de la deuda ilegal e ilegítima dejada por Urtubey con el negociado del Plan Bicentenario y el Fondo de Reparación Histórica.

En su discurso en el acto de las organizaciones movilizadas para rechazar esta orientación de la apertura de sesiones, el dirigente del Partido Obrero de la provincia Claudio Del Plá expresó que para defender a los trabajadores salteños hace falta un impuesto extraordinario a las mineras y a los grandes latifundios que exportan en dólares dejando cifras irrisorias en la provincia, y expuso una plataforma de reivindicaciones populares perentorias que deberían ser resueltas con esos recursos.

Ellas son: un verdadero seguro al desocupado que cubra la canasta básica; aumento de emergencia del 100 % y un salario inicial para estatales provinciales y municipales de $ 600.000, que es el costo de la canasta de pobreza; ningún despido, pase a planta de todos los precarizados;
reequipamiento de los hospitales y de las escuelas; urbanización de los barrios para que todos tengamos acceso al agua potable, plan de viviendas y loteos populares que resuelva el problema del techo a más de 80.000 familias e incorpore a la mano de obra desocupada; asistencia alimentaria a comedores y merenderos; no al aumento del boleto de colectivo, de los servicios de luz, gas y agua, y de las tasas municipales.

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