Ayer, jueves 30 de septiembre, comenzaron las sesiones de la Constituyente en Salta. El Frente de Izquierda – Unidad realizó un gran acto frente a la Legislatura, en el que hablaron la electa constituyente Daniela Planes (PTS), Cristina Foffani (PO) y Andrea Villegas (MST), todas candidatas a diputadas nacionales por el FIT-U. Allí se denunció el propósito reaccionario de la reforma y se expuso la agenda de los trabajadores, completamente ajena al temario de la asamblea, cuya convocatoria prohíbe expresamente apartarse del temario que le interesa discutir al gobierno.

La Constituyente es una maniobra de Sáenz para intentar disimular que es la continuidad del régimen que gobierna esta provincia desde hace 26 años multiplicando la pobreza, hipotecando la provincia y garantizando la impunidad de los que se robaron el patrimonio público; concentrando todos los privilegios y gobernando para enriquecer al banco Macro, a las mineras y a los dueños de la tierra.

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El cinismo no tiene límites. Hablamos de un gobernador que en uno de sus primeros actos amplió el número de miembros de la Corte de Justicia para garantizarse el control del Poder Judicial, y, con él, la consecuente impunidad para sí mismo en relación a los desfalcos producidos bajo su gobierno en la Municipalidad. Ahora, presenta esta reforma como si fuera a “reforzar los organismos de control y fortificar el Poder Judicial” entre otros “nobles” propósitos.

También dice querer “ampliar los derechos de las mayorías”. En realidad son los defensores de las paritarias a la baja, del tarifazo confiscatorio, de la reforma laboral y de la estafa a los jubilados. Son los que, como Olmedo, bancan la depredación ambiental en beneficio de los terratenientes. Los que por 57 votos a 1 (del diputado del Partido Obrero) legitimaron el pago de una deuda fraudulenta, como la del Fondo de Reparación Histórica, y le cargaron esa hipoteca al pueblo de Salta. Son los que acaban de mandar la represión a los docentes y multiplican el trabajo en negro, reemplazando a los ordenanzas que se jubilan por compañeros sin derechos de los planes sociales.

¿Qué pueden democratizar, en fin, los que plantean descargar brutalmente la crisis sobre los trabajadores? Se trata, en buena medida, de una cortina de humo para sacar del debate público las consecuencias dramáticas del ajuste que se ejecuta en todo el país y el desmanejo frente a la pandemia que nos costó vidas que debieron haberse salvado.

De espaldas a los reclamos populares

Romero, Urtubey y ahora Sáenz han sido violadores seriales de la Constitución, acomodando su texto como un guante a la medida de sus intereses (como la reforma de Romero en 2003 para habilitar su re-reelección). Ahora plantean que la reforma sería para “limitar los mandatos” y generar “una alternancia en los diversos cargos”, pero está fuera del debate establecer el derecho de revocatoria. Es decir, el derecho a que si quien resulta electo defrauda a los votantes, pueda ser removido por iniciativa popular; como proponemos desde el FIT-U.

Si se quiere esto hay que aprobar lo que propone el PO, derecho de revocatoria de mandatos por iniciativa popular lo demás
es “maquillaje”: Sáenz: “Que la clase dirigencial política no dure eternamente en los cargos” https://t.co/HIiLx0zPvn a través de @eltribuno

— Claudio Del Plá (@ClaudioDelPla) October 1, 2021

Lo que el proyecto plantea es prolongar el mandato de los concejales de dos a cuatro años, justo en el único órgano del régimen donde la renovación es más factible porque, a diferencia de la Cámara de Diputados, se renueva el 100% de los cargos cada 2 años. Mientras, se plantea el peligro cierto de que los jueces de la Corte manipulada por Sáenz, que acaba de consagrar un segundo fallo para dar impunidad a los curas abusadores, queden atornillados en esos cargos de por vida…

Asimismo, se deja en pie el funcionamiento antidemocrático de algunas instituciones, como el Senado provincial y un sistema electoral que no garantiza la representación proporcional de los salteños; manteniendo el piso proscriptivo del 5% para el ingreso que impidió, por ejemplo, que el FIT-U ingresara dos ediles en la última elección en Salta capital.

La convocatoria pretende que solo se traten un puñado de artículos, y pretende prohibir que se trate los temas que son de verdadero interés de la población. Una reforma de la Constitución que sirva al interés de las mayorías debería estar convocada y dirigida por los propios trabajadores y vecinos, para que sea verdaderamente libre y soberana. Solo así podría acometer los grandes problemas planteados en el marco de una reorganización social de conjunto, que desmantele el régimen oligárquico y abra camino a la perspectiva de que gobiernen los trabajadores.

✊🚩Acto del Frente de Izquierda Unidad frente a la Legislatura ante el inicio de la Convención Constituyente convocada por Sáenz, Romero y sus aliados para reformar la Constitución de la provincia que busca reforzar el régimen oligárquico que gobierna Salta desde hace 26 años. pic.twitter.com/FG7r3jfzQf

— Partido Obrero Salta (@PObreroSalta) October 1, 2021

El FIT-U ha conquistado una bancada en las elecciones, con la compañera Daniela Planes del PTS. Desde el Partido Obrero hemos propuesto a los compañeros del FIT-U la defensa de un programa para enfrentar la crisis social, sanitaria y educativa que descargan sobre los trabajadores.

1- La declaración de interés público del conjunto de los recursos naturales provinciales, hoy saqueados por las grandes empresas. Por un principio constitucional, el ahorro que produce el trabajo y la explotación de estos recursos debe aplicarse al desarrollo, la infraestructura, los servicios y la industrialización de la provincia, en la órbita del Estado y bajo control de los trabajadores.

2- La reserva de una parte sustancial de la tierra pública y privada a través de un banco de tierras y los recursos necesarios para la construcción de viviendas populares. La ejecución de los servicios públicos por parte del Estado, bajo control de los usuarios, para que no sean un negocio para los capitalistas.

3- La limitación de los mandatos debe comenzar por establecer el derecho de revocatoria por iniciativa popular. El voto debe dejar de ser un cheque en blanco: el que vota debe tener derecho de retirar el mandato cuando la estafa es manifiesta o ante los hechos de corrupción del poder, que ocurren casi todo el tiempo. En esta línea hay que eliminar toda forma de privilegio para los electos por el pueblo, con un salario que no supere el de un trabajador calificado.

4- Separar a la Iglesia del Estado para que puedan ser juzgados y condenados los curas abusadores que agreden impunemente la vida de nuestros niños. Para garantizar los derechos de las mujeres y niñas a decidir sobre su cuerpo, y tener una salud pública dominada por la ciencia y una educación en el marco de los saberes universales.

Impugnamos esta Constituyente que apuntala la continuidad del régimen oligárquico, y ponemos toda nuestra energía en desarrollar la intervención de los trabajadores en la crisis, para imponer una salida que garantice el salario igual al costo de la canasta familiar, el 82% móvil a los jubilados, el trabajo genuino bajo convenio y las medidas indispensables para derrotar el ajuste capitalista contra los trabajadores.

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