Políticas
7/7/2024
SALTA
Sáenz veta la ley de expropiación conquistada por los vecinos de Ampliación Santa Ana II
Un anticipo del Pacto de Julio con Milei.
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Las familias de Ampliación Santa Ana II
En el Barrio Santa Ana II viven, desde hace 30 años, 117 familias que han construido sus casas con mucho esfuerzo, en un loteo privado que compraron de buena fe a la empresa Conciel. Pero en la crisis de los 90 la empresa quebró, y pasó a manos de distintos bancos que también fueron quebrando uno tras otro.
En el año 2018, el juez de la quiebra le vendió a un especulador inmobiliario, Miguel Rueda, por $500.000, sin notificar a los vecinos, los 117 lotes, como finca baldía. Esto, a pesar que era de público conocimiento que esa tierra estaba habitada y que los vecinos ya habían construido sus viviendas, en ese momento ya totalmente consolidadas. En esta apropiación también estuvo la complicidad del Estado, porque ya conocía que los vecinos habían instalado el agua, la luz, las cloacas y el gas, servicios cuya instalación autoriza el propio Estado.
A partir de ahí, Rueda se dedicó a apretar a las familias para que pagaran por el lote, con una sobrevaluación descomunal (hoy las cuotas son de $240.000 mensuales), impagable para la mayoría de las familias empobrecidas con el gobierno de Fernández-Massa, y ahora con el gobierno de Milei. El cálculo del extorsionador es que las familias harían enormes esfuerzos para no perder su casa.
Cuando muchos de los planes y acuerdos firmados por las familias comenzaron a caer por imposibilidad de pago, el especulador, con complicidad de la justicia, inició juicios de desalojo, los que todavía no pudo consumar por la movilización de los vecinos impidiendo los lanzamientos.
En el 2018 la bancada del Partido Obrero, a través del entonces diputado Claudio Del Plá, presentó un proyecto de expropiación en la Cámara de Diputados, única vía para parar los desalojos y permitir que, con la intervención del IPV (instituto de vivienda), las familias pudieran pagar un precio no dolarizado. Sin embargo, los diputados no le dieron tratamiento parlamentario. En el 2019, el PJ presentó un nuevo proyecto de expropiación que tampoco fue tratado. Finalmente, en el 2023, el PJ vuelve a presentar otro similar, pero en el Senado, y sale aprobado por unanimidad. Luego en Diputados es aprobado por mayoría.
Hace unos días el gobernador Gustavo Sáenz vetó la ley, con una argumentación que incluso le da la razón a los vecinos, reconociendo que la expropiación es necesaria y que se enmarca en el interés público, ya que está en riesgo la vivienda de más de 100 familias. La justificación para el veto entonces es mentirosa ya que dice que no tiene plata. Igual que Milei, miente a la población para avanzar con el ajuste en todos los gastos del Estado que tienen que ver con el interés popular.
La falsedad de la justificación del veto es, en primer lugar, que ninguna expropiación se paga de inmediato. Primero entra en controversia con quien se adjudica la titularidad, que siempre reclama un valor mayor del que el Estado ofrece, y se va a juicio, lo que puede tardar años. Segundo, el gobierno, a la hora de discutir el precio, puede demostrar que hubo fraude, si tuviera verdadera voluntad de investigar, cómo llegaron esas tierras a manos de Rueda. Tercero, tiene que descontar todos los pagos que ya han hecho los vecinos y las mejoras que han logrado, nada de lo cual salió del bolsillo del especulador. A la hora de pagar, el valor puede ser mucho menor que el valor de mercado para esa zona.
Ahora, los vecinos se volverán a organizar, como ya lo hicieron para conseguir la aprobación de la Ley, y pelear por el rechazo al veto, exigiendo la insistencia de ambas cámaras. Esto significa poner en marcha una gran campaña de denuncias de la mentira del veto de Sáenz, que busca la resignación de los vecinos para escarmentar a cualquier barrio, de los muchos que hay en Salta, que pretenda utilizar la vía de la organización colectiva y la lucha, para defender su derecho a la vivienda. Deberán ganar a la población trabajadora, porque el argumento de Sáenz, que no hay plata, es el resultado de la complicidad del gobernador de Salta con Milei. Complicidad que el lunes se completará, luego de haber mandado a sus diputados a votar la Ley Bases, con la firma del Pacto del 9 de Julio. Lo que firmará será el apoyo a la motosierra; por lo tanto, este veto será el primero de una serie de recortes del gasto público, dando por tierra las esperanzas de miles de familias que esperan una vivienda o un empleo o un mejor salario.
El Partido Obrero y el Polo Obrero, acompañarán a los vecinos de Ampliación Santa Ana II para imponer una derrota al veto y a la motosierra de Sáenz y Milei.
