Al interior del oficialismo se viene desenvolviendo un debate en torno a la posibilidad de implementar un Salario Básico Universal (SBU) para aquel sector de la población que no posee ingresos fijos. El monto de la prestación equivaldría al 50% del salario mínimo, es decir, la mitad del dinero necesario para alcanzar la línea de indigencia. Se trata de una iniciativa al servicio de presionar a la baja los salarios y extender un régimen de precariedad laboral.

Entre quienes suscriben al planteo existen algunos matices. Por un lado, Grabois e Itaí Hagman elaboraron un borrador para presentar como proyecto de ley donde indican que el SBU debería estar destinado a los trabajadores no registrados, a aquellas personas que realizan tareas de cuidado no remuneradas y a la población rural más vulnerable, como los pueblos originarios, los pequeños productores hortícolas, comunidades campesinas y los trabajadores temporarios. Por su parte, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, acuerda con esta política, sin embargo, sostiene que el número de beneficiarios no debe ser superior a 3 millones, y, a su vez, defiende la contraprestación laboral como requisito para recibir el programa, es decir, convertir la asistencia social en un subsidio a los empresarios.

El carácter embrionario del planteo -y que aún no haya sido presentado como proyecto de ley- responde a que el gobierno prioriza la reducción del déficit fiscal en función de mostrar garantías al FMI de repago de una deuda usuraria, y, por lo tanto, retacea la asistencia social. No obstante, mantiene en la gatera este tipo de medidas dado que el avance de la pobreza viene configurando un cuadro explosivo en las barriadas del territorio nacional, con el aliciente de que en las vísperas del proceso electoral buscará atenuar el creciente descontento popular. Además, la propuesta en cuestión no saca los pies del plato de la hoja de ruta del ajuste que exige el gran capital ya que los planes sociales con contraprestación laboral suponen una transferencia de recursos hacia los capitalistas.

Ahora bien, los abanderados del Salario Básico Universal, de $14 mil, son los mismos que han abandonado la lucha en las calles por las reivindicaciones de los trabajadores ocupados y desocupados en pos de integrarse al Estado responsable de sumir en la miseria a amplias capas de la población. Grabois y el conjunto de las organizaciones sociales ligadas al gobierno, en lugar de reclamar por trabajo bajo convenio, derechos laborales para los trabajadores rurales, o bien, la puesta en pie de un sistema integral de cuidados para que el yugo de esas tareas no recaiga en el género femenino, proponen dejar intactos todos estos atropellos y que quienes los padecen se conformen con percibir un ingreso de indigencia. En estos términos, el proyecto es un intento por salvar todo el operativo de estatización de las organizaciones sociales en un cuadro donde la lucha piquetera está en ascenso contra el hambre y el deterioro de las condiciones de vida.

Por otra parte, este sector se refirió al programa como “la posibilidad de sacar de la indigencia a millones de personas y reducir fuertemente la pobreza”. La impostura no podría ser mayor teniendo en cuenta que el umbral de la indigencia se ubica en los $27.000, y, además, el propio Triunvirato Cayetano avaló un aumento lastimoso del salario mínimo -el cual llegará a $29.160 recién en septiembre-, condenando al hambre a quienes viven de un plan social, cuyo monto se rige calculando la mitad del SMVyM.

A su vez, el SBU con contraprestación laboral, principio irrenunciable para Arroyo, es una ofrenda hacia las patronales, e incluso para el propio Estado, ya que obtendrán mano de obra barata y sin derechos laborales para llevar a cabo las mismas tareas que realiza un trabajador encuadrado en su convenio colectivo. Sin lugar a dudas, es un mecanismo de desvalorización de la fuerza de trabajo, puesto que presiona a la baja el conjunto de los salarios. En ese sentido, la proliferación de un régimen de precarización laboral con ingresos asistenciales funciona como un puntal para horadar los derechos laborales de toda la clase obrera, lo cual constituye un objetivo histórico del capital.

Como se ve, no provendrá de los defensores del ajuste una política apropiada para combatir la pobreza y el desempleo, por el contrario, resulta necesario desarrollar un programa que obedezca a los intereses de la alianza estratégica entre trabajadores ocupados y desocupados. El mismo debe bregar por un seguro al desocupado de $40.000, un salario mínimo de $65.000, planes de vivienda que empleen mano de obra desocupada bajo convenio, trabajo genuino, paritarias indexadas a la inflación, prohibición de despidos y suspensiones y reparto de las horas de trabajo para que no haya desempleo. A su vez, la ruptura con el FMI y el cese del pago de la deuda ilegítima son aspectos claves para llevar adelante esa orientación.

En definitiva, es el programa que guía el accionar del movimiento piquetero independiente, que gana las calles y toma en sus manos la pelea por otro porvenir.

 

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