El gobernador Gustavo Sáenz anunció la constitución de un "fondo solidario" para hacer frente a los gastos en la emergencia sanitaria. La medida afecta compulsivamente a los funcionarios del Ejecutivo provincial e invita al Poder Legislativo y Judicial, a hacer lo mismo.

Si tomamos en cuenta las declaraciones de su ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, que afirma que, como propuso Bolsonaro en Brasil, “acá también habrá que discutir la posibilidad de que las empresas dejen de pagar los sueldos” (El tribuno 24/3), el “fondo solidario” de Sáenz puede ser la preparación de una excusa para legitimar futuras medidas para afectar los sueldos de los trabajadores. Puntualmente bajo el argumento de renunciar a los acuerdos que acaba de firmar con los docentes y que se extendían a salud y al sector de la centralizada.

Muchas voces de estos sectores han salido a pronunciarse en contra. Desde el sindicato judicial, denuncian que mientras prepara este recorte, a su ya alicaído bolsillo, el gobernador está por nombrar tres nuevos jueces, con el gasto de sueldos y cargos que esos nombramientos conllevan (Iruya 24/03).

Por el contrario, la medida más eficaz para evitar la expansión del contagio es la defensa del salario y de un subsidio de $ 30.000 para los que no lo tienen.

Para derrotar al virus hace falta plata en serio

Sáenz pone a la población a discutir esta migaja, mientras que ya en el inicio de la pandemia, y ante la emergencia de la muerte por hambre de niños de las comunidades originarias, salió a rescatar a los empresarios con una condonación de sus deudas de impuestos, impidiendo que centenares de millones ingresen al presupuesto. Lo mismo que había hecho cuando era intendente, beneficiando a las mismas empresas.

Rechazamos la demagogia de Sáenz y exigimos que el Macro y las grandes actividades económicas como la minería, el petróleo, los sojeros y los ingenios, paguen una contribución extraordinaria para que se designen cientos de enfermeros, agentes sanitarios y profesionales médicos que faltan en el sistema público; que se centralicen los recursos del sistema público y privado de salud en un solo comando con intervención de las organizaciones de los trabajadores;  la compra de respiradores, ambulancias y el equipamiento con las camas suficientes; la disposición inmediata de tests masivos para saber efectivamente cuantos contagiados hay en la provincia.

Necesitamos, además, un presupuesto de verdad para financiar en forma inmediata la alimentación y los artículos de seguridad e higiene para la mitad de la población salteña, que vive de changas y que la cuarentena obligatoria coloca en situación de hambruna.

Por eso también exigimos que Alberto Fernández debe dejar de pagar la deuda externa, por la que ya han salido del país cerca de 130.000 millones de pesos sólo en el primer trimestre del año.

Los legisladores del Partido Obrero disponemos siempre, no sólo en la emergencia, el 75% de nuestra dieta para reforzar los enormes combates que viene librando la clase obrera salteña, contra la política de Romero-Urtubey, y ahora de Sáenz, que mantiene a miles de trabajadores precarizados y en negro, incluso en el Estado.

Para nosotros es un asunto de principios, no de ocasión u oportunismo.