Eduardo Abel Ramos, un burócrata de la salud devenido en poderoso empresario contratista del Estado, vuelve a ser protagonista de un hecho de violencia: su hijo Sebastián, señalado como el jefe de su patota, golpeó brutalmente al periodista Martín Grande, dueño y conductor de una radio muy importante en Salta. Se ha abierto una crisis en el gobierno en torno al sostenimiento del hombre que fuera bautizado por el PO como “el Pedraza salteño”.

Ramos es diputado, empresario y burócrata sindical. Ganó la dirección de ATSA (gremio de la salud) por la Azul y Blanca en 1986 y se mantiene en el cargo desde entonces. Sus métodos patoteriles estuvieron presentes desde el comienzo, golpeando o amenazando trabajadores y bloqueando la posibilidad de estructurar oposiciones combativas en la salud.

Contó siempre con el aval del Estado que, en reconocimiento por su “labor” en la contención obrera, le otorga en los noventa la tercerización de los servicios de comida, portería, lavado y ropa de los hospitales de capital. Ramos clausuró la vida gremial para que avancen todos los planes privatizadores del romerismo, incluyendo el gerenciamiento y la autogestión de los hospitales. Urtubey mantuvo estas políticas y también se valió del burócrata, permitiéndole ir más a fondo en sus negocios: en 2011 las empresas de Ramos se fusionaron en una fundación, lo que habilitó subsidios y exenciones, al tiempo que agudizó la precarización laboral y los ajustes salariales.

Su poder comenzó a resquebrajarse al compás de la crisis. En 2013 los trabajadores sacaron a la luz las estafas de la fundación, que ajustaba su presupuesto a costas del salario y de enfermar gravemente a los pacientes de los hospitales. La Auditoría de la Provincia se hizo eco de la situación y debió reconocer más de cuarenta irregularidades graves.

Acompañados por nuestros diputados, los trabajadores de Ramos consiguieron pasar al Estado. En el medio hubo una lucha feroz en la que el oficialismo defendió al burócrata en la Legislatura contra nuestras denuncias, rechazando nuestro pedido de exclusión del diputado de la presidencia de la Comisión de Salud y cualquier posibilidad de abrir una investigación en regla. En aquel momento la patota de Ramos agredió físicamente a trabajadores en la puerta de la Legislatura, ante la mirada pasiva de la policía provincial.

Producto de la presión obrera, Urtubey debió rescindir en 2014 los contratos más escandalosos de Ramos, pero lo mantuvo como contratista en otros rubros, al tiempo que le permitió diversificarse. Especulación inmobiliaria, institutos de enseñanza que expiden títulos truchos, hotelería y hasta una clínica que funciona sin habilitaciones son los nuevos “emprendimientos” que generan escandalosas denuncias.

La complicidad estatal es clara y necesaria; eso explica el hecho de que el jefe de una patota pueda darse el lujo de amenazar durante años y luego golpear en la vía pública a trabajadores y hasta a un conocido periodista.  Urtubey ampara los negocios del “sindicalista” a cambio de su trabajo de contención entre los trabajadores de la salud. En épocas de ajustes el vínculo tiene a fortalecerse al tiempo que debe sortear nuevos estallidos. Ante este último hecho el oficialismo esbozó un repudio genérico contra “cualquier hecho de violencia”, no contra Ramos. Un ala del PJ propuso tibiamente realizar algún tipo de depuración, mientras que la mayoría trabaja por limitar el hecho a su autor material.

El Partido Obrero, que denunció al burócrata y sus vínculos estatales desde un primer momento y que acompañó en su lucha a los trabajadores de la salud para terminar con la tercerización, repudia los ataques de la patota de Ramos, amparados por el Estado, contra el periodista Martín Grande. Reclamamos la recisión de los contratos de esta burocracia y exigimos la conformación de una comisión investigadora parlamentaria para estudiar todas las irregularidades en este vínculo empresario, burocrático y estatal.

La descomposición de la burocracia ofrece a los trabajadores de la salud una nueva oportunidad para recuperar un Atsa al servicio de la lucha.