El postulante a la reelección, Gustavo Sáenz, está cerrando el año con el relevo de dos funcionarios claves, que simbolizan el fracaso de su gobierno: García Salado, director de Aguas del Norte, y el Dr. Esteban, ministro de Salud Pública. Para la indignación de todos, García Salado pasaría a ser secretario de Justicia.

El enorme déficit en el derecho al acceso al agua potable y a la salud pública retratan al régimen que gobierna Salta desde hace décadas. El año terminará con una huelga de los médicos autoconvocados, piquetes por el pase a planta de trabajadores de la salud en varios puntos del interior, y con movilizaciones y piquetes en numerosas localidades de la provincia por el colapso del abastecimiento de agua potable.

Los médicos reclaman el 82% móvil porque un trabajador de la salud se jubila con menos de la mitad del último haber, un bono de fin de año, y la eliminación del pago de ganancias por el trabajo en las guardias. Los que reclaman el pase a planta son miles, muchos de ellos se incorporaron con contratos basura durante la pandemia. La atención de médicos especialistas, incluso en especialidades muy demandadas como ginecología o pediatría, es completamente deficitaria en todo el interior por falta de profesionales. En Orán, segunda ciudad de la provincia, se denunció ante la justicia que no existe prácticamente el dispositivo de atención en salud mental.

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El desastre del servicio de agua potable viene desde hace décadas. El sistema acumula una desinversión multimillonaria desde que fue privatizado por el gobierno de Romero, algo que se agravó luego con Urtubey y con Sáenz. Todos los gobiernos han protagonizado enormes fraudes y estafas con los fondos de la obra pública en redes, acueductos o represas.

Presupuesto 2023 de Sáenz más de lo mismo

Algún desprevenido podría pensar que la designación de nuevos funcionarios muestra la capacidad de corregir el rumbo de un gobierno que pide la reelección. Nada más alejado. El Presupuesto 2023 de Salta se aprobó en diputados por unanimidad, y algo similar ocurrió en el senado.

No hay en este presupuesto, cuyos recursos están en sintonía con el ajuste aprobado en el Presupuesto nacional, conforme lo exige el FMI, fondos para afrontar la crisis histórica de los sistemas de agua y salud públicas, ni siquiera tiene vacantes para terminar con el trabajo precario de miles, o fondos para que haya médicos que se puedan radicar en el interior con salarios y una vivienda que les permitan vivir con dedicación exclusiva a la salud pública.

La unanimidad en la aprobación del presupuesto (la diputada del PRO que votó en contra pedía un ajuste aún mayor) dejó en claro que el desafío es unir a todos los trabajadores en una lucha común contra un régimen fracasado, que pretenden quedarse para aplicar un ajuste .

Tenemos la responsabilidad de construir una alternativa de los trabajadores a este régimen que multiplica la pobreza, al mismo tiempo que habilita un nuevo saqueo de los recursos naturales como el litio, y que resulta incapaz de resolver la crisis crónica en la salud y en el sistema de agua. Para explicar esto realizamos un acto frente a la Legislatura, cuando diputados debatía el presupuesto. Nuestra voz fue la única opositora al presupuesto ajustador de Sáenz.

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