En un intento desesperado para evitar un default en el que entraría la provincia de Salta en 15 días, el gobierno envió anoche un proyecto de ley que pretende tratar sobre tablas en la sesión de este martes 28, en el que se habilita al gobierno a renegociar una deuda de 400 millones de dólares. Se trata de los fondos de “Reparación histórica” y del “Bicentenario” que fueron fraudes manifiestos al pueblo de Salta: uno terminó con solo la mitad de las obras construidas y un fenomenal negociado financiero para el Banco Macro y el otro solo se aplicó en un 30% para obra pública. En lugar de cesar el pago de esta deuda trucha y abrir una investigación, el gobernador Sáenz la reconoce a libro cerrado para que la pague el pueblo de Salta.

La ley habilita a emitir nuevos títulos, a capitalizar intereses y a ceder la soberanía sobre los litigios a tribunales y legislación extranjera, todo en nombre de que podrían conseguir plazos más largos para pagarla y tasas de interes mas bajas. Además, Sáenz podría entregar, según dice la ley, “la afectación en garantía, cesión en pago y/o en propiedad fiduciaria de la Coparticipación Federal de Impuestos, y/o de las regalías hidrocarburíferas y/o el canon extraordinario de producción, y/o los recursos propios…”

Es un segundo intento de este tipo. El anterior fue de Urtubey hace un par de años y las condiciones de la renegociación fueron tan inaceptables que el trámite no prosperó.

Todo indica que la provincia se quiere sumar “de apuro” a las negociaciones de deuda externa que están llevando hace meses Alberto Fernández y su ministro de Economía Guzmán con los agentes de la usura internacional. Si esa negociación es el modelo en donde debe mirarse el gobierno de Salta, hay que decir que todo marcha a un fracaso. Fernández comenzó ofreciendo 35 dólares sobre un bono que se vende a menos de 30 en el mercado y ya va por la sexta oferta, ofreciendo 53 dólares. A esta oferta la rechazaron los bonistas de los principales fondos buitre que han hecho una contraoferta para cerrar el trato llevando el valor a 57 dólares. Es decir, un rescate a los acreedores que estarían duplicando el valor de mercado de los bonos argentinos. Los plazos de gracia quedarían reducidos apenas a un año, luego del cual se vuelven a pagar los vencimientos. El país quedará sometido a los controles coloniales de las misiones del FMI, organismo que exige liquidar los derechos de los jubilados y de los trabajadores como garantía de pago.

El paquete que se pretende votar hoy se completa con la autorización para tomar 2.100 millones de deuda con la nación que, como hemos señalado, trae la amenaza de un congelamiento o reducción de los sueldos. El gobierno impulsa este hipotecamiento brutal, que intentaran hacernos pagar a los trabajadores, en una provincia en la que seguimos teniendo muertes por hambre y el gobierno no hace hisopados masivos en salud porque dice que son muy caros .En oposición a esta política fracasada, corrupta y antiobrera, planteamos en el Parlamento y en la calle, la lucha para que se aplique un impuesto a las grandes fortunas y patrimonios para financiar las demandas populares frente a la pandemia y a la crisis capitalista. Que no se pague esta deuda que es completamente fraudulenta y se abra una investigación independiente sobre su origen y beneficiarios.