Salta: concejales del PO formulan denuncia penal por contaminación ambiental

El 5 de octubre pasado, el bloque de concejales del Partido Obrero de la ciudad de Salta se presentó ante la justicia provincial para realizar una denuncia penal contra los directivos de la empresa Agrotécnica Fueguina; el actual intendente, Gustavo Sáenz; el intendente anterior y actual vicegobernador, Miguel Issa, y el secretario de recursos hídricos de la provincia, Alfredo Fuertes.

 

En resumen, la denuncia penal trata de la contaminación ambiental, por infracción a la ley nacional 24051, de residuos peligrosos, por la gestión deliberadamente deficiente del relleno sanitario San Javier, lo que según opinión de expertos, estaría contaminando el suelo, los acuíferos, y el río Arenales, con metales pesados provenientes de pilas, baterías, y residuos industriales dispuestos de manera inadecuada, como así también con líquidos lixiviados que se filtran por la base soporte de los vertederos o que se infiltran en el suelo debido a su mala gestión en el predio.

 

También se denunció que la mala gestión del relleno sanitario está poniendo en riesgo la salud de la población, especialmente de los barrios más cercanos al predio, y todo esto en complicidad con los funcionarios municipales y provinciales, que durante 17 años de gestión por parte de la empresa nunca hicieron nada para evitar la contaminación y el riesgo a la salud de la población.

 

Los intereses detrás del encubrimiento a la empresa

 

La empresa Agrotécnica Fueguina gestiona el servicio esencial de higiene urbana de la ciudad de Salta, desde el año 1999 a la actualidad. En el transcurso de estos 17 años, son innumerables las denuncias de mala gestión en su contra, lo que convierte el caso en una lucha de larga data y que todo hace parecer será de un largo alcance.

 

En el año 2005, la gestión del entonces intendente Miguel Issa, recibió un informe por parte de una comisión investigadora del Concejo Deliberante, en donde se le pedía realizar una denuncia penal contra la empresa y dejar de prorrogarle el contrato de la manera en que lo venía haciendo.

 

Es que desde su llegada a la ciudad, el Estado la ha beneficiado constantemente con un jugoso contrato que se lleva más del 25% de los recursos de la ciudad, haciendo caso omiso a todas las denuncias en su contra, desoyendo los informes de auditoría, quitándole obligaciones, para así dejar un saldo de 17 años de mala gestión, y no registrar nunca ni siquiera una multa.

 

Esta lucha es de larga data, porque los concejales del PO intervinieron en la comisión investigadora de 2005, y en el año 2015, con los 9 concejales, lograron aprobar una resolución para realizar una auditoría ambiental a la empresa. Si bien la auditoría es frenada para su ejecución desde su sanción, en ese marco se han realizado diferentes visitas al relleno sanitario, y se conseguido que un experto investigador del Conicet realizara un informe técnico de la gestión del predio, lo que ha sido en parte una gran base científica para realizar la denuncia penal.

 

Acompañaron a la denuncia penal, otros estudios de expertos, basados en la salud de la población, y en la contaminación del rio Arenales y del Dique Cabra Corral con metales pesados.

 

Campaña

 

La población ha quedado conmovida tras la formulación de la denuncia, lo que se manifiesta en la seriedad con que los medios de comunicación la han tratado, y en la amplia convocatoria que han tenido los concejales para explicar el tema.

 

Se ha acudido a diferentes medios de comunicación, nos han pedido que escribamos para revistas de diferentes instituciones, y los vecinos de los barrios más cercanos nos han abierto las puertas de sus escuelas para explicar la situación. El próximo 4 de noviembre iremos a la universidad de Salta a una gran jornada junto a expertos en el tema para debatir de la situación.

 

Iremos por el desarrollo de un gran movimiento que derrote el parasitismo de esta empresa, haga responsables penalmente a todos los involucrados y que ponga en agenda nuestra alternativa de recuperar el servicio y prestarlo por administración, bajo control obrero y de los expertos.