El gobernador salteño Gustavo Sáenz, en el marco de la reunión de gobernadores con el presidente Alberto Fernández, presentó un pedido de exceptuar del aislamiento social obligatorio a una importante cantidad de actividades. Algunas de ellas tienen que ver con la salud, con el comercio, el pago de impuestos y servicios, cuya esencialidad podría ser aceptada o en algún caso debatida. Pero en el medio de todas estas actividades planteó exceptuar a la industria tabacalera.

Es muy claro que la producción de tabaco no es una producción esencial, mucho menos en el cuadro de una pandemia producida por un virus que ataca el sistema respiratorio. Cualquier puede darse cuenta que un fumador tiene un riesgo mayor frente al coronavirus que una persona que no fuma.

Quien se mostró siempre como un acérrimo defensor de la cuarentena, incluso pidiendo el Ejército en la calle y declarando prácticamente un estado de sitio a través de un DNU, ahora quiere flexibilizarla a favor de los monopolios de la industria tabacalera.

Recordemos que en Salta, particularmente en la localidad de El Carril, el año se inició con más de 300 despidos de la tabacalera yanqui Alliance One Tobacco, lo que desató una intensa lucha por parte de los despedidos que acompañamos desde el Partido Obrero. Esta empresa ha decidido dejar de industrializar el tabaco, tercerizando la actividad en la empresa Massalin, otro monopolio tabacalero cuya planta está en Rosario de Lerma. Los despidos de Alliance fueron parte de una reestructuración del negocio tabacalero, cuyo producto se exporta en su totalidad, generando enormes ganancias en dólares, en el que está involucrada también la empresa Massalin y la Cooperativa de Productores Tabacaleros. Cabe señalar que el presidente de la Cámara del Tabaco salteña, Esteban “Tutti” Amat, es también el presidente de la Cámara de Diputados, lo que muestra cómo se mezclan el Estado y las patronales en el negocio. 

El lobby principal para este pedido de Sáenz sin duda viene de Massalin que se quedó con un 25% del tabaco sin procesar. El pedido de reabrir la producción implica un riesgo para sus trabajadores ya que como se ha visto en otros casos las empresas no cumplen las medidas de seguridad sanitaria.

Como ya dijimos, esta producción no es para nada esencial, por lo que corresponde que se mantenga parada y la empresa garantice el 100% del salario para sus trabajadores. Espaldas no le faltan para poder cumplirlo.

Como se ve, el gobernador que ha dado vía libre a todo tipo de atropellos a las libertades democráticas del pueblo salteño, en nombre de garantizar la cuarentena, ahora atenta contra ésta para beneficiar a los monopolios internacionales del tabaco. Solo los trabajadores podremos garantizar, mediante la organización y la lucha, que los trabajadores no sean puestos en riesgo en función de defender los intereses de los grupos económicos.