Pese a las denuncias por contaminación, el intendente massista por Salta Capital, Gustavo Sáenz, ha decidido blanquear la prórroga del servicio de recolección y tratamiento de residuos sólidos urbanos a la empresa Agrotécnica Fueguina por 4 años más.

Si bien el contrato venció el 6 de octubre de 2016, no fue hasta esta semana que Sáenz anunció su renovación. En el interín, procedió a numerosas maniobras para sortear la crisis política generada por las denuncias de contaminación, realizadas por la bancada de concejales del PO –que denunció penalmente por contaminación ambiental a la empresa, a Sáenz y a Miguel Isa, ex intendente y actual vicegobernador). Al quedar al descubierto tamaño pasivo ambiental, el oficialismo tuvo que reconocer el desmanejo del relleno sanitario y hasta salió a echar lastre prometiendo mayores controles a la empresa.

Este contrato cuesta al municipio más de 33 millones de pesos mensuales y, a diferencia de los sueldos, se indexa por inflación, a costa de salarios, obra pública y servicios.

Pacto por Fueguina

Sáenz, el PJ y los radicales se abroquelaron en la crisis y ayudaron a parir un nuevo contrato para los contaminadores de Fueguina. Previamente se encargaron de sepultar cualquier intento serio de auditarla desde el Concejo, a pesar de la resolución que el PO había hecho aprobar en 2015 en tal sentido. Han mostrado nuevamente que actúan en defensa de los negocios más podridos.

Nuestra bancada, junto con Tribuna Ambiental, estudiantes y profesionales del ambiente de la Universidad Nacional de Salta, ha expuesto con claridad los intereses en juego. Presentamos denuncia penal, registros fílmicos y estudios científicos. Hicimos charlas, videos, materiales escritos e importantes agitaciones que pusieron a discutir a la opinión pública. Por lo tanto, Sáenz ha tenido que tirar por la borda su discurso “renovador” para el sostenimiento de la empresa más cuestionada y beneficiada en el municipio, por los últimos 12 años.

La basura no cabe bajo la alfombra

Conociendo el colapso que existe en el relleno sanitario, el Ejecutivo ha anunciado una nueva trinchera para arrojar residuos que estará lista… dentro de un año. Mientras, la empresa arrojará 740 toneladas diarias de residuos sobre una trinchera ya clausurada, que no cuenta con una estructura de ingeniería para el tratamiento de líquidos lixiviados y gases que desprende la basura.

El intendente ha dado una licencia a Agrotécnica Fueguina para seguir contaminando. Ni siquiera ha exigido un plan de saneamiento o informes de impacto ambiental de la nueva trinchera. Y como si fuera poco, el Estado hará parte de las nuevas inversiones.

La defensa de la salud de la población, el cuidado del ambiente y la realización de un verdadero servicio público de recolección y tratamiento de los residuos son incompatibles con la continuidad de este enorme negociado. Colocar la higiene urbana al servicio de los vecinos y bajo control de los trabajadores requiere una fuerte acción política del conjunto de la población para que se vaya Agrotécnica Fueguina.