La senadora Gabriela Cerrano y el diputado nacional por Salta Pablo López se presentaron en representación del Partido Obrero como “amigos del tribunal” (amicus curiae) en la causa que padres de niños salteños han iniciado para que cese el dictado de educación religiosa en las escuelas públicas de Salta. La presentación fue realizada en el día de ayer 14 de junio ante la Corte Suprema de Justicia y cuenta con el patrocinio letrado de Liliana Alaniz, abogada de Apel (Asociación de Profesionales en Lucha).

 

“Como consecuencia de la enseñanza religiosa se produce una enorme discriminación a los niños que no profesan la religión católica, que deben retirarse de las aulas o aceptar quedarse en ellas para no ser caratulados en el boletín de calificaciones. El dictamen de la Procuración pone de manifiesto la segregación que se produce en las aulas, además de cumplir con los ritos de rezos al iniciar la clase diaria. Todo esto es violatorio de la Constitución Nacional y los tratados internacionales. El problema de fondo no solo es el acto discriminatorio, sino el tutelaje del oscurantismo sobre la educación pública. Necesitamos una escuela que forme en el pensamiento crítico y la libertad y eso es justamente lo que veta la iglesia”, señaló la senadora Cerrano.

 

“El gobierno de Urtubey, que impulsó en la nueva ley de educación la obligatoriedad de la educación religiosa, y la Corte de Justicia de Salta, argumentan que como la gran mayoría de los salteños son católicos se garantiza que puedan acceder a esa educación en la escuela pública, para los que no pueden pagar una privada. Esto es falso: el Estado financia a la iglesia católica como religión, hay parroquias e iglesias en todos los barrios y también se subsidia a las escuelas privadas católicas. El presupuesto asignado a las privadas es el doble que el destinado a los comedores escolares de las escuelas públicas”, concluyó Cerrano

 

Por su parte el diputado López dijo: “Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se derogó la laicidad de la educación pública establecida en la ley 1420. Urtubey impuso la educación católica en las escuelas públicas de Salta y el ministro Bullrich avala y hasta deja abierta la puerta para hacer esto extensivo a todo el país. Hemos presentado en el congreso un proyecto para restituir lo planteado en la 1420 y ahora nos presentamos ante la Corte para acompañar el reclamo de los padres y vamos a participar de la audiencia pública convocada para el 14 de agosto. Lo hacemos para enfrentar este acto de discriminación y en defensa de la educación pública, laica y gratuita”.