El martes 5 se convocó un plenario en la Cámara de Diputados de Salta para tratar la situación de las comunidades originarias frente al vencimiento de la Ley Nacional 26.160, que planteaba “la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades originarias del país”. La normativa, si bien no garantizaba la entrega en propiedad de ningún territorio, fijaba una suspensión de desalojos que en un alto porcentaje se respetó. La excepción estuvo dada sobre todo en el Chaco salteño, en donde se arrasó con territorios ancestrales en pos del avance sojero y maderero.

 

Para el plenario se cursó invitación a todos los diputados y senadores nacionales. Asistieron Pablo López, por el Partido Obrero-Frente de Izquierda, junto al diputado provincial Arturo Borelli. Ambos plantearon la prórroga de la ley y la incorporación de un artículo que fija la tarea que el kirchnerismo nunca quiso plantear en doce años de gobierno: la entrega en propiedad de los territorios históricamente reclamados por las comunidades.

 

Representantes de cinco etnias diferentes de la provincia de Salta mostraron su apoyo a la iniciativa y reclamaron contra los atropellos del Estado y los grupos empresariales. Los diputados y senadores de Urtubey y Macri no tuvieron ninguna respuesta para ofrecer; sólo un silencio sepulcral que no se rompió siquiera cuando una referente de las comunidades wichí los señaló como responsables de la desaparición de Santiago Maldonado y el encarcelamiento de muchos originarios.

 

Quedó expuesto claramente que sólo los parlamentarios del Partido Obrero apoyan los reclamos de las comunidades, frente a un régimen que les ha declarado la guerra para expulsarlos de sus territorios. Está planteada una lucha a fondo por la prórroga de la 26.160, el reconocimiento de la propiedad comunitaria y todas las enormes reivindicaciones que plantean los pueblos originarios.