Juan “Chicho” Mazzone es ex intendente de la localidad salteña de El Bordo. Se hizo conocido a nivel nacional luego de que se difundieran sus fotografías, desnudo, en una fiesta con chicas menores de edad. Ahora se ha iniciado el juicio en el que se lo imputa por corrupción de menores y desde el gobierno provincial ya se han dejado oír las primeras voces en su defensa.

 

Todos son Mazzone

 

Mazzone llega a juicio luego de una larga cadena de agravios contra el pueblo bordeño. Defendió públicamente el trabajo infantil siendo diputado, amenazó a un ex intendente y hasta al propio Ministro de Trabajo de la provincia para evitar inspecciones laborales sobre el municipio. Públicamente, “Chicho” está acusado de irregularidades en el manejo de los fondos municipales y de declaraciones xenófobas. Pero lo más grave es que, detrás de la figura por la que se lo juzga, está el ejercicio del derecho de pernada, parte de la infame tradición de los patrones y la oligarquía salteña.

 

En su momento, el gobernador Juan Manuel Urtubey orquestó una salida elegante de Mazzone y del oficialismo: planteó una intervención sobre el municipio de El Bordo para dar un punto final al caso y consagrar la impunidad del ex intendente -lo mismo hicieron años atrás con el ex intendente de Salvador Mazza, Carlos Villalba, quien fuera encontrado en un prostíbulo capitalino.

 

Es decir que el gobierno dejó a Mazzone “en manos de la justicia”, pero no se investigó ninguno de los otros atropellos que este hombre cometió contra el pueblo de El Bordo. Con la intervención provincial se creó una Secretaría de la Mujer en la localidad, a cargo de los urtubeysistas de Libres del Sur. Ninguna novedad, en Salta son el verdadero enjuague “de género” a la verdadera política de sometimiento del régimen.

 

Juicio a medias

 

El juicio ya empezó mal parido: las chicas no son denunciantes y están en calidad de testigos sin abogado. En estos dos años no tuvieron ningún tipo de protección por parte del Estado y siguen a merced del acoso de la familia Mazzone y sus abogados. Aun así, una de ellas, valientemente, sostuvo su declaración de que le ofrecieron $300 por sexo y que fue presionada para mentir diciendo que fue una fiesta familiar.

 

Mazzone ya está impune, al margen de lo que resuelva el tribunal, porque solo se está juzgando lo que aparece en las fotos y menos. Aquella vez el Partido Obrero propuso que la intervención esté a cargo de una persona independiente del Estado, por eso propusimos a Ana Fernández, de la Comisión de Familiares Contra la Impunidad, para abrir un curso de investigación sobre ese hecho y por todos los agravios que sufrió y siguen sufriendo los bordeños. De esa manera, el pueblo habría tenido la confianza suficiente para denunciar todo.  La intervención de Urtubey cumplió su cometido, solo se está enjuiciando un hecho aislado.

 

El urtubeysismo al rescate de Mazzone, una vez más

 

En los últimos días, Liliana Mazzone, funcionaria de Urtubey en la Coordinación de  Relaciones Internacionales e Institucionales de la Casa de Salta (y además prima del acusado) difamó en su cuenta de Facebook a las chicas implicadas. La funcionaria expresó públicamente que “las menores asistieron a la fiesta por voluntad propia y no fueron objeto de corrupción de menores porque ya tienen hijos y publican fotos sensuales en sus redes sociales”. Objetivamente la figura penal de corrupción de menores no considera el consentimiento como justificatorio, sí aparece como un agravante en las penas, si mediara abuso de poder. Pero incluso la ley de profilaxis de nuestro país penaliza al prostituyente desde 1937 y la ley nacional de trata eliminó el consentimiento de las mujeres mayores de edad, porque está demostrado que hay una relación de poder contra las víctimas. Mazzone, en realidad, defiende el derecho de pernada.

 

Los vínculos familiares no deben hacernos perder de vista que no estamos ante una mera “opinión personal aislada” por parte de una “prima”. La pérfida estrategia de criminalizar a las víctimas es propia de todos los funcionarios de Urtubey, con la ministra de Justicia Pamela Calletti a la cabeza, que últimamente responsabilizó a Andrea Neri por su asesinato en el penal provincial a manos de un recluso. Hace unos años, la fiscal Gabriela Buabse culpabilizó a una niña de 9 años de provocar a su abusador, lo mismo hizo el ministro Maximiliano Troyano, diciendo que una turista japonesa, que fue violada en Cafayate, tuvo un “exceso de  confianza”. Sin embargo, y con estos antecedentes, estos dos personajes fueron nombrados fiscales. También en gravísimos casos donde funcionarios judiciales violentaron los derechos de las niñas, negando abortos no punibles o siquiera el acceso a la salud (caso Juana),  el poder político les dio impunidad, rechazando siquiera abrir el Jury de enjuiciamiento.   

 

Desde el Partido Obrero exigimos juicio y castigo a Mazzone. Llamamos a superar la opresión del régimen de oligarcas y patrones, por medio de la organización independiente del Estado, solo así se tendrá un combate real a la violencia y sometimiento de los trabajadores, las mujeres y los niños. En esa línea paramos el 8 de marzo.