En esta semana  murieron 3 niños pequeños. Dos hermanitos en el paraje Vertiente Chica y otro en la Curvita, ambos en Santa Victoria Este. Según el ministerio de salud, los niños murieron de causas muy similares, diarrea, vómitos y descompensación por deshidratación.

Niegan que los pequeños sufrieran de desnutrición infantil, aunque viven en parajes rodeados de miseria. En el caso de los niños de Vertiente Chica, primero murió el más pequeño de un año y medio y al otro día la hermanita de 5 años, que tenía el peso y talla de una niña de 2.

La novedad es que el estado dice que va a denunciar a los padres por abandono porque denegaron que los agentes sanitarios que atendieron a uno de los niños en la comunidad lo llevaran al hospital. Sucede que en las comunidades hablan otro idioma y esto genera no pocos desentendimientos. Este es el caso,  ya que la niña atendida fue ingresada al otro día de la visita en el hospital de Santa Victoria. La llevó su hermana menor de edad de 16 años, quien luego tuvo que afrontar hacerse cargo del cuerpo de la pequeña fallecida. Criminalizar a los padres que perdieron a dos hijos por ser pobres constituye una canallada.

El gobierno es responsable

Vertiente Chica queda a 40 km del hospital de Santa Victoria, no hay transporte público en ese paraje y según los caciques, con la cuarentena por el COVID- 19 se olvidaron de ellos y no les están llevando  asistencia alimentaria.

Ante la presión pública,  Sáenz decretó en enero la emergencia socio sanitaria, desde entonces ya murieron 13 niños y hay en curso una causa penal que investiga la muerte de otros 13 niños solo en el mes de enero.

Se tomaron medidas transitorias en cuanto a la asistencia médica y hospitalaria, sin mejorar la convocatoria a médicos para radicarse, con salarios de miseria  para una dedicación exclusiva, que supone radicarse en una zona muy hostil por las carencias generales. No hay más enfermeros, ni asistentes sanitarios, ni más ambulancias, no nombraron tampoco a los interpretes bilingües, a pesar que hay una ley provincial, que en casos de comunidades originarias son fundamentales para poder comunicarse.

Los 7 pozos de Tinelli

En cuanto a las obras estructurales, Sáenz anunció la excavación de los 7 pozos de agua de la mano de la “generosidad” de Marcelo Tinelli y empresarios amigos. Uno de ellos es el titular de Pampa Energía,  Marcelo Mindlin, junto a la fundación YPF y Eduardo Kronberg por la automotriz Toyota Argentina. La provincia haría otros 3 pozos, dando un total de 10, cuando tenemos alrededor de 20 000 miembros de las comunidades originarias repartidas en decenas de parajes alejados.

Tinelli no actúa tampoco a título personal, es miembro del Concejo contra el Hambre que creo el presidente Alberto Fernández, que es un ente que sirve de blanqueo a los capitalistas para ponerlos como benefactores.

En cuanto a la asistencia alimentaria, Sáenz cuenta a las tarjetas alimentarias de nación dentro un paquete donde se agregan algunos módulos alimentarios. El gobierno provincial pone muy poco de recursos,  no existe ningún tipo de subsidio provincial para desocupados, por fuera de la AUH, que ya existía. El ministro Arroyo vino dos veces a Salta a sacarse la foto junto a los bolsones miserables, que aún no le llegan a todos o entregan uno para todo el mes.

Las medidas son totalmente insuficientes y que el foco esté puesto en la crisis del COVID 19 refuerza la desidia de los gobiernos. Las muertes infantiles siguen, porque no se ha modificado el cuadro de miseria generalizada que viven las comunidades. ¿Qué pasaría si llega el coronavirus a las comunidades originarias? Donde no pueden realizar las medidas más elementales como el lavado de manos por falta de agua corriente.

Sáenz solo tomó medidas demagógicas, como si fuera una ONG y no un gobierno,  creó el fondo ‘Codo a Codo COVID-19” conformado por donaciones de su propio sueldo y de algunos funcionarios de primera línea más el aporte de empresas, donde recalan las migajas de los recursos abultados de las patronales y sus personeros políticos.

Este año las grandes empresas fueron beneficiadas cuando se eliminó la ley de cooperadoras asistenciales, que si era un fondo real que administraban los municipios para la asistencia social y obtuvieron una ley de moratoria que es una suerte de condonación directa de las deudas.

Un programa alternativo

Desde el Partido Obrero  sostenemos que no se puede jugar con la salud de las personas y debe abordarse muy seriamente y no con este circo donde las empresas posan de filantropismo con la pobreza que ellos mismos generaron.

Cuando realizamos la marcha contra el hambre en Salta, junto a otras organizaciones y miembros de las comunidades originarias, planteamos que se cree un fondo con un impuesto a las grandes riquezas y actividades económicas, petróleo, soja, caña, madera, minería, financieras bajo control obrero y de las comunidades,  para ser destinado a la construcción de hospitales, insumos, personal, ambulancias y para la asistencia alimentaria y económica a todos los desocupados. Las comunidades originarias por su parte tienen su pliego específico que va desde tener DNI, viviendas dignas, agua potable, escuelas, y un sinfín de reivindicación que aunque parezcan un pedido son derechos denegados.

Repudiamos de plano que se quiera criminalizar la pobreza, para los wichis es una tragedia desgarradora perder a sus hijos por hambre, mientras siguen viviendo en el mismo entorno de miseria.

Organizamos una salida de los trabajadores, campesinos y comunidades originarias frente a la desidia de los gobiernos.