30/01/2017

Salta Forestal: Urtubey indulta a Olmedo

Diputado Provincial


Se ha firmado un acuerdo transaccional entre el gobierno y la firma  Eco-Desarrollo, de la familia Olmedo,concesionaria desde hace 19 años de unas 160 mil hectáreas fiscales en el departamento de Anta. El arreglo fue aprobado por decreto del gobernador.


 


Por el mismo, el gobierno de Juan Manuel Urtubey renuncia a la acción legal por lesividad del contrato iniciada en 2011, con la que se buscaba su nulidad, a partir de los comprobados incumplimientos de la contratista con el pliego original de la concesión -incluso mediante una auditoria-  y de su carácter contrario al interés de la provincia. Por su parte, Olmedo retiene  por los próximos 45 años, ya sin ningún derecho a reclamo por parte de la provincia, casi 77 mil hectáreas que son las que han estado en producción o pueden sumarse a esa función y restituye a la provincia las 68.000 Has restantes en las que durante los 19 años que lleva la concesión nunca se interesó en invertir.


 


Los números del escandaloso negociado


 


Aunque  en el “arreglo” deliberadamente  se omite toda referencia al número de hectáreas (Has) en producción agrícola, si suponemos una explotación de 30.000 hectáreas de soja -un mínimo que ya ha sido reconocido hace años por la empresa- podemos deducir  (a razón de una producción de tres toneladas por año por hectárea y considerando que el precio de la tonelada de soja asciende a $4500 pesos a la fecha) ingresos por 405 millones de pesos valor bruto anual, en total.


 


Le ley 7623 vigente desde 2011, dice que se debe pagar un canon por explotación de tierras fiscales del 10% de valor de la producción. Por el “arreglo”, a Olmedo le perdonan una suma millonaria por la deuda acumulada en estos seis años. Solo tendrá que pagarla de aquí en adelante. De acuerdo con el valor bruto total de la producción le correspondería pagar  40,5 millones anuales. ¿Pero cómo se aplica este canon hasta ahora, en el caso de Cresud de la familia Elzstain (Irsa,Babco Hipotecario, etc.) que tiene la otra mitad de Salta Forestal y una superficie de 35 mil hectáreas de soja y 55 mil para ganadería, similar  a la de la Familia Olmedo?


 


Cresud, que aceptó este mismo tipo de “arreglo” desde hace varios años, en 2016 solo pagó 2 millones de pesos y en el presupuesto de este año se prevé recaudar apenas 3 millones por el canon previsto en la ley.


 


El “curro” inmobiliario habilitado


 


El acuerdo transaccional establece también el derecho de Olmedo a transferir a un tercero la concesión, lo que le permite hacer un negocio inmobiliario  súper millonario si decidiera transferirla, ya que quedan 45 años hacia adelante y una renta potencial de las casi 77 mil hectáreas.


 


Aun si  se cobrara efectivamente  el canon de la ley (cosa que como vemos en el caso de Cresud no ocurre hasta ahora) seria la mitad del valor de un arriendo, que en porcentaje alcanza el 20% del valor de la producción o 100 dólares la hectárea al valor de mercado. Al valor dólar del día de hoy -16 pesos- da 48 millones anuales, siempre hablando solo de la explotación de 30.000 Has de soja sobre un total de casi 77 mil que quedan para el concesionario. ¿Cuántas decenas o centenas de millones de dólares cobrará Olmedo si transfiere esta concesión por 45 años?


 


¿Cuánto habrán recibido los funcionarios responsables de entregar este negociado con patrimonio público?


 


El fraude de la devolución de  80.000 Has a la provincia y los derechos de los “pastajeros”


 


Para hacer pasar este “arreglo”, el gobierno dice que se recupera esta superficie para la provincia  y que específicamente 13.500 hectáreas son para resolver el reclamos de poseedores pastajeros. Estos “gauchos” vienen desde hace décadas haciendo ganadería a pequeña escala pero reclaman, con justicia, una superficie mucho mayor, ya que la unidad económica para hacer ganadería en esas tierras es de 600 Has y los “pastajeros” son mas de 100.


 


Reprivatización y devastación del monte chaqueño


 


El gobierno anuncia también que promoverá  una explotación público-privada de las áreas recuperadas para hacer ganadería “sustentable”. Aunque no ha explicado como será esta operatoria, se aprovecharía  esta circunstancia para avanzar en un reclamo de la Sociedad Rural y de  todas las patronales del campo para incorporar  a la ganadería (con desmontes parciales y siembra de pasturas) 5 millones de Has que por la  ley de ordenamiento territorial  tienen prohibido este tipo de explotación. Lo de Salta Forestal  sería una prueba piloto empujada por el propio Estado en la línea de cambiar la ley de bosques en el país y la de ordenamiento territorial en Salta  y eliminar toda limitación en el uso del suelo.


 


La batalla del PO contra este saqueo


 


Ya en 2011 fuimos promotores de una comisión investigadora parlamentaria, que en poco tiempo reunió los elementos para exigir la anulación del contrato de Salta Forestal y que “en la órbita del Estado se implemente un plan  de Desarrollo Productivo y Explotación sustentable  bajo control de trabajadores y campesinos” (dictamen del diputado Claudio Del Plá, Comisión Investigadora 2011).


 


En ese  momento, la crisis provocada obligó a Urtubey a clausurar la investigación parlamentaria y por decreto mandó el tema a la justicia para que ésta declare la nulidad del contrato, algo que denunciamos como una maniobra dilatoria. Ahora, Urtubey confirma nuestra denuncia renunciando a la acción judicial y perfeccionando el negociado para los Olmedo.


 


Nuestro bloque reclamó mediante un extenso pedido de informes la presencia del Ministro del área en la Cámara de Diputados.


 


En la Salta en que se nos mueren niños por hambre todos los meses, este saqueo de los recursos públicos merece el planteo de un juicio político al gobernador como lo formulamos en aquella comisión investigadora. Utilizaremos todos los recursos para que esta entrega no quede impune y para que se recupere Salta Forestal para los trabajadores.


 


Desarrollemos nuestra salida política .


 


Los Urtubey- Romero- Olmedo  son  la escoria  de un régimen que multiplica en Salta el saqueo de los recursos y la  miseria social.


 

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