La Corte de Justicia de Salta acaba de rechazar el planteo del PO en el caso de Salta Forestal. Se trata de una escandalosa concesión de la explotación de 350.000 hectáreas fiscales por un lapso de 64 años de la que resultaron beneficiarios la familia Olmedo y Cresud (del grupo Elsztain). Por ley, desde 2010, los concesionarios deben pagar un canon del 10% sobre el valor de la producción en esas tierras. En febrero 2016, el gobernador Juan Manuel Urtubey decide firmar un decreto por el que condona por su sola firma, cual si fuera un señor feudal, el pago del canon a la familia Olmedo. Estimamos en nuestra presentación de inconstitucionalidad que se había acumulado deuda por ese concepto de unos 300 millones de pesos. Urtubey pasó por encima del poder legislativo que es el único con potestad para condonar y privó de esas sumas millonarias a los municipios del departamento Anta (que están entre los más pobres de la provincia) a los que se debieron distribuir esos fondos según la ley. La denuncia fue presentada por la senadora (MC) Gabriela Cerrano y por el diputado Claudio Del Pla.

El fallo elude pronunciarse sobre la cuestión de fondo. Dice que no puede aplicarse la inconstitucionalidad cuando no se trata de una norma de alcance general, pero este decreto afectó las finanzas del Tesoro provincial y las de los municipios… Dice además que los legisladores del PO no actuamos en nombre de todo el poder legislativo, pero los legisladores del PO fueron electos como representantes en un poder que tiene entre sus facultades exclusivas, según la Constitución, la de crear o condonar impuestos.

“Este fallo de impunidad ocurre casi en simultáneo con la decisión de volver a fojas cero el juicio por el caso de las 90 hectáreas apropiadas fraudulentamente por la familia Romero en La Ciénaga. Todo indica que es un pacto de impunidad final para que no se abra el capítulo salteño de la corrupción, lo que pone en el banquillo a Urtubey, Romero, y Olmedo entre otros hombres del régimen”, declaró Del Plá, que además es denunciante de Romero en otros 5 casos de compra de tierras para vivienda con grandes sobreprecios. Esas causas están completamente paradas a pesar de que en su momento el fiscal Barrionuevo pidió investigar una asociación ilícita, cosa que después la Corte impidió, obligando a que se analicen por separado las denuncias. El uso ilegal de los fueros por el actual senador Juan Carlos Romero hizo el resto para que a 9 años estas denuncias no hayan avanzado.

“Estamos estudiando ir a la Corte Suprema de Justicia para que revise el fallo de la corte salteña. Salta Forestal y sus 350000 hectáreas deben ser recuperada para el pueblo de Salta y los autores de fraudes millonarios con su concesión por 64 años tendrían que ir presos”, concluyó el diputado del Partido Obrero.