El Cuerpo de Investigadores Fiscales de Salta analizó muestras del río Arenales, confirmando que sus aguas y sedimentos están seriamente contaminados. La investigación se produce como consecuencia de la denuncia realizada por los concejales del Partido Obrero en la Justicia. Nuestro bloque señaló desde el primer momento a la empresa Agrotécnica Fueguina, a cargo de la higiene urbana de la ciudad de Salta, como la principal responsable.

 

Ahora, el intendente macri-massista Gustavo Sáenz debe rescindir el contrato con la empresa y rendir cuentas sobre sus responsabilidades políticas.

 

La causa

 

Luego de un año de radicar en la Justicia la denuncia contra el gobierno provincial, municipal y la empresa Agrotécnica Fueguina, por contaminación del río Arenales, el fiscal de la causa envió al Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF) a corroborar un serio nivel de contaminación en las muestras de aguas y sedimentos de la zona comprometida; nada menos que en el principal curso de agua que atraviesa la capital salteña y que desemboca en el Cabra Corral, el segundo dique más grande de Argentina.

 

El resultado ha sido una confirmación estricta de la denuncia del PO. Se determinó la presencia de metales pesados, como cobre y zinc, en niveles muy por encima de lo permitido. Estas concentraciones (causantes de cáncer) se pudieron observar tanto antes del vertedero (4 veces por encima de la ley) pero sobre todo inmediatamente después de atravesarlo ¡subiendo a 17 veces lo permitido! El aporte nocivo del vertedero San Javier ha quedado expuesto.

 

Agrotécnica Fueguina se tiene que ir

 

Esta contundente prueba se suma al caudal de datos que desde el PO, con la colaboración de profesionales universitarios y el Inenco (Instituto de Energía No Convencional), hemos reunido durante estos años. Son antecedentes suficientes para exigir la inmediata rescisión del contrato con Agrotécnica Fueguina.

 

El sostenimiento de esta empresa por parte del régimen municipal durante 17 años demuestra que, tanto con Miguel Isa primero como con Gustavo Sáenz ahora, estamos ante un verdadero régimen de contratistas parásitas: han convertido los servicios y la obra pública en un negociado que pone en peligro las finanzas municipales y la vida de la población. Han forzado sus propios mecanismos legales para otorgar contrataciones y renovaciones automáticas, ajenas a cualquier control. De hecho, Fueguina nunca fue multada por los incumplimientos contractuales y actualmente se le paga un millón trescientos mil pesos diarios. Una estafa enorme.

 

En el listado de irregularidades de la empresa ahora se suma una denuncia penal contra el directorio y gerentes de Agrotécnica Fueguina por evasión fiscal realizada por la AFIP en Río Grande por retener y no ingresar aportes de seguridad social de sus empleados. El monto supera los 44 millones de pesos por este fraude que se comete contra trabajadores de las distintas localidades donde la empresa presta servicio, entre ellas Salta.

 

Multipliquemos la movilización

 

El avance en la causa es el resultado de la acción política de las bancadas del PO junto con los vecinos de la zona sudeste de la ciudad, que aportaron con su testimonio al amparo colectivo en relación a las enfermedades dérmicas y respiratorias que padecen por vivir cerca del vertedero. Ahora es imprescindible ir a fondo: avanzar en la condena a la empresa, el gobierno municipal y provincial.

 

Exigimos la recisión del contrato de Agrotécnica Fueguina y su estatización bajo control de los trabajadores y vecinos. Ante la contaminación del río Arenales y el dique Cabra Corral, el PO y Tribuna Ambiental nos lanzamos a una campaña para multiplicar la movilización y exigir un plan de saneamiento por parte del gobierno de Urtubey.