El gobernador de Salta anunció que pedirá la inconstitucionalidad de la ley de educación y que no participará del Consejo Federal de Educación hasta que la justicia resuelva. Pedirá el rechazo a las cláusulas que convierten en obligatoria la instrumentación de las decisiones adoptadas por el Consejo Federal de Educación.

 

Romero critica la decisión nacional de avanzar sobre las "autonomías provinciales" y usurpar las facultades de las legislaturas.

 

El represor de la noche de las tizas y agente dilecto del Departamento de Estado yanqui se presenta como adalid del "federalismo" y hasta de la democratización del gobierno escolar.

 

Con Romero el gobierno escolar nunca fue democrático

 

Romero pretende erigirse como el defensor de la democracia en el gobierno escolar. No tiene ninguna autoridad. Fue el principal impulsor de la reforma educativa menemista, en donde ya funcionaba el Consejo Federal de Educación, en el cual participaron todos sus ministros. Apenas asumió su primer mandato, ordenó la disolución del Consejo General de Educación de la provincia que tenía una representación electa de la docencia. El Consejo era, al menos en las formas, el único organismo autónomo en el gobierno de la educación.

 

Los docentes fueron testigos del manejo político de los nombramientos de supervisores, directores reorganizadores, docentes “clientes” de intendentes y diputados, que ocupan cargos en el interior sin respetar cuadros de puntaje, etc, etc. Todo con el aval de una Junta de Calificación, de Mérito y Disciplina cuyos integrantes tienen vencidos sus mandatos hace más de un año y que estuvo intervenida durante la mayor parte de los 11 años de gobierno de Romero.

 

Su última medida, después de la huelga docente de 2005, fue la constitución de los consejos de directivos con el objetivo de disciplinar a la docencia. El gobierno busca convertir a los directores en una suerte de gerentes de escuela. El gobierno escolar de la provincia de Salta está compuesto por burócratas y cuadros políticos que nada tiene que ver con el interés de los docentes, padres y alumnos.

 

El interés de Romero es preservar su dictadura personal sobre la educación.

 

Quiere preservar esas prerrogativas para concederlas a las corporaciones como la Iglesia Católica, que mantiene la enseñanza de su religión en la currícula oficial, y a las empresas para que condicionen a su antojo los planes de estudio.

 

Sólo podrá haber una organización democrática de la educación si los trabajadores logramos imponer la elegibilidad y revocabilidad de todos los cargos educativos (autoridades, directivos y supervisores).

 

Control político sin financiamiento, un salvavidas de plomo

 

Cuando Romero critica que esta ley no reparte equitativamente los recursos entre las provincias, no se equivoca. Ahora bien, Romero fue el principal responsable de ceder los recursos avalando la ley de coparticipación, firmando pactos fiscales que confiscan recursos provinciales y permitiendo la fuga de capitales al exterior, a través de su política entreguista. También fue el cómplice de la transferencia de las escuelas nacionales a las provincias y sin duda será el impulsor de la municipalización como de la autogestión educativa, que ya puso en marcha en aquellas escuelas donde no hubo resistencias por parte de la comunidad.

 

Tribuna Docente plantea la nacionalizacion del financiamiento educativo. La unidad del sistema educativo pasa por garantizar la calidad desde La Quiaca a Tierra del Fuego, con salarios equivalentes al costo de la canasta familiar para todos los docentes del país, la triplicación del presupuesto educativo, aulas con 25 alumnos como tope, gabinetes sicopedagógicos multidisciplinarios con personal en planta permanente, becas masivas para los alumnos, carga horaria de 40 horas cátedras para los profesores sin alterar el salario.

 

La pelea entre Kirchner y Romero, una especulación política

 

Romero crea una ficción de una división política con Kirchner, con quien ha pactado todos los negocios. El gobierno nacional y el provincial actuaron en bloque contra la docencia para imponer un salario del bolsillo de 850 pesos en oposición a los 1.000 pesos de básico que reclamamos los maestros. Esta disputa es, sobre todo, una pura especulación política: Romero pretende presentarse con una cierta independencia política del gobierno de Kirchner.

 

La burocracia de Ctera se ha convertido en auspiciante de la nueva ley kirchnerista, Virgilio Choque, de la ADP, auspicia las posiciones de Romero. ATE es obsecuente por igual con Kirchner y Romero y se incomoda por esta disputa entre sus “dos patrones”.

 

La defensa de la educacion divide aguas tambien en la provincia.

 

Llamamos a todos los defensores de la escuela pública a contruir juntos una alternativa política contra los privatizadores sean “del puerto” o de la faraónica Residencia de finca Las Costas en Salta.