24/01/2013 | 1255

Salta: Las “relaciones carnales” de Urtubey-Romero

Diputado provincial

El escándalo de la corruptela del partido de gobierno de España ha vuelto a echar luz sobre el entramado del poder político salteño con el gran capital y al territorio provincial como paraíso del saqueo de los recursos y como es evidente también, del blanqueo de capitales. Se ha conocido una trama de corrupción del PP y sus administradores, el ex Tesorero de apellido Sanchis y el actual Bárcenas, que a lo largo de un par de décadas giraron a la empresa La Moraleja (segunda agroindustria de la provincia de Salta) más de 45 millones de Euros. Sanchis y sus hijos son los dueños de esta megaempresa presentada como modelo por todos los últimos gobiernos.


Lo que Clarín, quien destapó la olla, califica como la conexión salteña, viene siendo la niña mimada (tanto como la norteamericana El Tabacal) de todos los gobiernos salteños.


En 2007, Romero construyó el gasoducto de Anta, con una inversión de fondos públicos de 85 millones de pesos, con el propósito central de llevar gas a la compañía (además de un escandaloso sobreprecio pagado por la ejecución de esta obra, denunciado por nuestros diputados sin que nunca el gobierno diera explicaciones).


El 9-6 del 2009 con la ley 7568, Salta adhirió a la ley de blanqueo de capitales ¿No pudo utilizarse esta ley K, a la cual el oficialismo de Urtubey y los bloques de la oposición romerista dieron su apoyo, para ingresar estos capitales, fruto de las coimas que recibe la derecha española?


Solo los diputados del PO nos opusimos y advertimos que se buscaba convertir a Salta en un paraíso fiscal… Planteada la denuncia, Urtubey rápidamente se lavó las manos: "Los problemas politicos que esta gente pueda tener en España es algo que a nosotros no nos compete en absoluto". (Clarín-21-01-13). Y en el mismo artículo: "En Salta ninguna industria paga impuestos".


Lo de Urtubey es un acto fallido, ya que no hay tal régimen legal de eximición universal de impuestos para la industria, pero en la realidad ninguna empresa los paga, a partir de las maniobras que realiza ahora su gobierno y antes Romero y Ulloa, con la llamada promoción industrial y más recientemente con la nueva ley de parques industriales.


La promoción industrial es un régimen "de goma" que comienza con 8 años de eximiciones y luego se van inventando prórrogas y nuevos proyectos. El régimen habilita además la entrega de fondos públicos por hasta el 75% del monto de cada proyecto, en la forma de crédito fiscal, que es endosable y por lo tanto se convierte de inmediato en efectivo.- La nueva Ley de parques industriales votada por la mayoría urtubeycista a fines de 2011 prevé que se puedan instalar parques industriales privados que acumulan los mismos beneficios que los públicos.


Es justamente La Moraleja la primera interesada en instalar un parque de 850 Has dentro de su propia finca. Urtubey ha estado visitando con Sanchis todas las ventanillas del gobierno nacional para pedir fondos nacionales para estos emprendimientos. Los compromisos que establecen las empresas en cuanto a creación de puestos de trabajo a la hora de recibir estos beneficios, no se cumplen (la cerámica Andina del parque industrial de Salta acaba de despedir al 80% de los trabajadores, habiendo recibido en total 8 millones en créditos fiscales durante este gobierno y el anterior).


Es con estos mecanismos de la promoción, que también alcanza al negocio del turismo, que se han construido, con dinero de los salteños los hoteles 5 estrellas de todas las cadenas internacionales, que explotan el boom del turismo…. Pero fue el Ministro de Gobierno, Loutaif el que mejor definió la política oficial en declaraciones al diario La Nación el 21-01-13: "el gobierno no revisa el origen de los fondos".


Hemos denunciado la tentativa del gobierno de evitar cualquier investigación y exigimos la presencia de los ministros para que expliquen peso por peso el origen de los fondos de La Moraleja y se desarme la trama de complicidades políticas, beneficios fiscales y promociones, en una provincia que como consecuencia de estas políticas mantiene el mas alto índice de desocupación y uno de los mas altos de pobreza de todo el país.

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