Ya son once los municipios salteños que despidieron trabajadores. El gobernador, Juan Manuel Urtubey, promete hacer “lo humanamente posible” para sostener las finanzas de la provincia, pero encabeza a los gobernadores que avalan el pacto con los buitres incondicionalmente. Urtubey aplaudió la eliminación de retenciones al agro y la minería, generando sólo para este año la pérdida de al menos 2.000 millones de pesos para los municipios. Tampoco revisó los impuestos y tasas provinciales miserables que pagan estos pulpos ni los subsidios que reciben. Con ese paquete explosivo, el ajuste empieza a producir sus primeras eclosiones desde la base del Estado, los municipios.

Urtubey no paga el fondo compensador a las comunas y por su “descentralización” los municipios concentran al menos 15.000 trabajadores precarizados, quienes son los primeros en sufrir los despidos. Pero el ajuste va más allá: en Aguaray y San Lorenzo, se despiden trabajadores de planta y se los toma nuevamente pero con la mitad del salario y en negro. En Colonia Santa Rosa, el intendente Guerra reemplaza a los despedidos de planta por jornaleros a los que paga migajas. Se ha reunido el foro de intendentes para anunciar que no van a pagar la pauta de ajuste miserable que arregló la burocracia con Urtubey. El resultado de toda esta política es una mayor parálisis de la obra pública municipal y de sus servicios.

En la capital, el massista Sáenz subió en por lo menos un 30% todos los tributos sin que esto tenga como contrapartida una mejora en la obra pública.

Moldes, ¿el signo de la etapa?

Urtubey no dudó en reprimir y criminalizar la protesta de los obreros que enfrentaron los despidos en Coronel Moldes y Cerrillos. Pero ante el fracaso impuso junto al PJ la intervención de Moldes hasta 2017. Es que las intervenciones “cortas” de Colonia Santa Rosa y El Bordó han sido impotentes para realizar el trabajo sucio; por eso el gobierno decidió abrir con esta medida, a todas luces antidemocráticas, una etapa prolongada de maniobras contra los moldeños para imponerles el ajuste.

La intervención tuvo que sortear una crisis dentro del PJ y con la banda de intendentes, quienes se pusieron en guardia contra “la política de la intervención permanente”. Es que todos los municipios se encuentran al borde del default. García, el intendente intervenido, iniciaba su tercer mandato siempre propuesto por Urtubey.

Los intendentes no quieren que se cuestionen sus feudos. En Diputados, un referente del kirchnerismo dijo que “no puede ser que las tomas de municipalidades por parte de cinco obreros revoltosos se deban resolver con intervención, cuando podríamos solucionarlo con la policía”.

Abajo el ajuste

Más allá de la lucha de camarillas, todos los intendentes se alinean con Macri y Urtubey en el ajuste que impone el arreglo con los buitres. El endeudamiento de los municipios crecerá geométricamente empujando los despidos y hasta enajenando el patrimonio para pagar deudas, como en el caso de Moldes, que debió entregar en este concepto tierras fiscales que estaban destinadas a familias sin techo.

Al ajuste de los Macri, Urtubey, Sáenz y el resto de los intendentes oficialistas y kirchneristas, el Partido Obrero opone un programa por la reincorporación y el pase a planta de todos los despedidos. La apertura de los libros contables al pueblo para acabar con los desfalcos, mientras proponemos un impuesto extraordinario a los capitalistas que se benefician con la devaluación, los tarifazos y la inflación, para financiar los salarios y la obra pública bajo control de los trabajadores.

En esta perspectiva, llamamos a los trabajadores y al conjunto de la población a organizarse junto con el PO para derrotar el ajuste, recuperar los sindicatos y organizaciones populares, así como en poner en pie una alternativa política de los trabajadores.