Con la muerte del 8° niño Wichi este fin de semana, crece la conmoción popular.

La falta de acceso al agua potable, la expulsión de las comunidades de sus territorios por el avance de la frontera sojera y los desmontes masivos, el quiebre completo del sistema de salud (colapsado por falta de médicos y personal técnico además de carencias básicas en materia de ambulancias, aparatología y edificios), la entrega de los recursos para la asistencia a fundaciones vinculadas a los sectores más reaccionarios como la fundación de Albino; son los emergentes de un régimen oligárquico que gobernó desde siempre, que continúa con Sáenz y que está literalmente matando por hambre a estas comunidades.

La declaración de la emergencia sociosanitaria no compromete un presupuesto específico, ni enumera las medidas concretas para atender las causas estructurales de las muertes por hambre.

Al mismo tiempo, Sáenz convoca a sesión extraordinaria, pero el paquete de leyes propuesto por el ejecutivo no incluye la discusión de la emergencia sociosanitaria ni pone a debate, medidas frente a la crisis. Al contrario, uno de los proyectos es una moratoria con amplios beneficios a los grandes evasores de la provincia, que sólo pagaran un tercio por sus deudas impositivas. Es un rescate de los grupos empresarios que alcanza incluso a las deudas por canon minero, canon de riego y hasta multas por infracciones a las leyes laborales. El proyecto habilita incluso, para pagar deudas, el uso de créditos fiscales, que los empresarios obtienen gracias a leyes de promoción, que se pueden comprar hasta a la mitad de su valor nominal. El artículo 20 le da la posibilidad al ejecutivo de eximir totalmente de impuestos a cualquier empresa, hasta tres años, en nombre de que está radicada en una zona vulnerable. Con esto se pueden beneficiar los grupos exportadores agroganaderos, que están en las zonas más pobres de la provincia de donde se llevan enormes ganancias, sin dejar un solo peso en la región.

El otro proyecto plantea la ampliación del número de miembros de la Corte de Justicia, de modo de controlar absolutamente su constitución y garantizar la impunidad de los negocios de los que gobiernan, como lo hicieran antes Romero y Urtubey.

Tampoco el gobierno de Fernández es ajeno a este genocidio. Ya desde el 6 de febrero, el gobierno nacional recibió un pedido de la asamblea de 35 comunidades del Departamento San Martin, ante las primeras muertes por hambre. Además de solicitar audiencia le pedían a Fernández el compromiso de recursos para infraestructura sanitaria, pozos de agua y sistemas de potabilización, designación de personal de salud y medicamentos, programas sociales, viviendas, proyectos productivos para trabajar. Incluso un viejo reclamo de regularización dominial sobre sus tierras ante el avance de las empresas agroexportadoras, con autorización de Urtubey.

En lugar de una moratoria para los grandes evasores exigimos la determinación de una contribución extraordinaria a estos grandes grupos económicos para constituir un fondo de emergencia, para aplicarlo inmediatamente a: obras públicas para agua potable, caminos, hospitales y médicos de dedicación exclusiva, asistencia económica y alimentaria a las comunidades originarias bajo control de las mismas.- Suspensión de los desmontes y uso de la tierra con derecho a veto de las comunidades.

El Partido Obrero y el Polo Obrero de Salta se movilizará, por este programa entre otros puntos, este miércoles 12-02, en la jornada nacional convocada por el FIT-U contra el FMI, y el pacto de Fernández y los gobernadores para pagar la deuda.