La Corte de Justicia salteña hizo lugar al pedido de prescripción solicitada por la defensa del exsacerdote Emilio Lamas. Es el segundo caso, junto a Aguilera, excapellán de la Universidad Católica, quien también fue beneficiado por el máximo tribunal de la provincia, ante graves denuncias de abusos sexuales.

El fallo que favorece a Lamas, al igual que el caso Aguilera, otorga el sobreseimiento por prescripción, tomando el mismo antecedente, el caso Chinque del año 2021. Este último es un caso de abuso intrafamiliar, por lo tanto no es asimilable a los cometidos por miembros de la Iglesia. Tomarlo como antecedente para dejar impune a dos sacerdotes muestra que a la Justicia salteña le importa un pepino la jurisprudencia creada por la Corte Suprema de la Nación, quien le negó la prescripción al cura Justo José Ilaraz.

Pero además existe una contradicción judicial, no solo porque ya existe el fallo Ilaraz. El caso Lamas ya había sido elevado a juicio, la defensa solicitó la prescripción y el Juzgado de Garantías de Octava Nominación lo rechazó. Luego el rechazo fue confirmado por la Vocalía Nº 3 de la Sala IV del Tribunal de Impugnación. Sobre esa resolución, la defensa de Lamas planteó un recurso y llegó a la Corte. El juicio estaba previsto para el 7 de mayo del 2020, el 28 de abril, días antes, la Corte dispuso que se llame a autos para tratar el pedido de prescripción, que finalmente fue otorgado.

El solo hecho de que la votación fuera dividida 5 a 4 ya es cuestionable por el impacto social que tienen los casos de esta naturaleza.

Aunque aún no se conoce el texto del fallo Lamas, la Corte dice que actuó en nombre de respetar las garantías del acusado, cuando en realidad crearon un antecedente para que otros curas abusadores también pidan la prescripción, como el cura Abel Balbi quien tiene denuncias de abusos y de trata de personas, delitos cometidos en la diócesis de la localidad de Joaquín V. González y en Villa Primavera en la ciudad de Salta.

Las víctimas ya anunciaron que apelarán ante la Corte Suprema.

En el caso de Juan Carlos García, una de las víctimas de Lamas, reclama que el sí denunció en su momento, cuando aún era menor de edad, ante la jueza de menores Bustos Ralle, pero como la situación era por otro conflicto judicial, no se tomó la denuncia propiamente dicha de abuso contra Lamas.

Zanchetta otro que sigue el camino de la impunidad

Otro cura beneficiado es Zanchetta, el exobispo de Orán, quien abandonó el país alegando razones de salud, cuando las víctimas de abusos acudieron a la Justicia ordinaria. Se encuentra residiendo en Santa Marta, en el Vaticano, bajo la protección directa del Papa.

El caso ya tenía fijada la fecha para el inicio del juicio para el día 12 de octubre, pero la Sala II de Tribunal de Juicio de Orán lo prorrogó para el 21 de febrero del 2022, alegando que hizo lugar al pedido de Enzo Giannotti, el abogado que puso el Vaticano, con el argumento que el expediente canónico, solicitado como prueba por la defensa y la fiscalía, aún no llegó y que se está tramitando vía cancillería.

Esto es peor que una burla. Por ejemplo, en el juicio a Rosa Torino el tribunal rechazó tomar como pruebas el expediente del juicio eclesiástico, que si lo halló culpable de abuso.

Lamas y Aguilera también fueron declarados culpables por la Iglesia, pero la Justicia ordinaria le dio la prescripción.

En el caso de Zanchetta, la Iglesia no lo halló culpable de nada, al contrario, mediante su abogado hicieron declaraciones públicas de que todo se trata de un caso de envidia interna y que un abrazo demás a los seminaristas no constituye abuso. Esta dilación es favorable a la impunidad.

La impunidad a los curas abusadores en Salta está en la misma línea de unidad política del Estado con la Iglesia Católica a nivel nacional. Alberto Fernández acaba de nombrar como jefe de Gabinete a Manzur, un hombre del Opus Dei y antiderechos declarado. La Corte que armó Sáenz tiene la misión de garantizar impunidad para él mismo, ya que tiene causas de corrupción sobre sus espaldas, y de proteger los intereses de la oligarquía salteña que gobierna con la Iglesia.

Separar a la Iglesia del Estado es una gran necesidad para terminar con la impunidad de los pederastas de la Iglesia que por años abusaron de nuestros niños. Nos solidarizamos con las víctimas y acompañaremos todas las acciones que contribuyan en la denuncia política al régimen oligárquico de la Iglesia y de Sáenz.

Separación de la Iglesia del Estado ya. Cárcel a todos los curas abusadores.