Nuevamente se planteó el paro de los choferes de la UTA. Las patronales del interior se niegan a pagar la paritaria nacional que en los hechos solo se paga en el Amba. En todo el país se cumplió masivamente el paro de 48 horas y se anuncian 72 horas para esta semana. Nada más justo que el reclamo de los choferes.

Sobre este reclamo se han montado los gobernadores y las empresas prestadoras que en las provincias reclaman la ampliación de los subsidios que son sustancialmente menores en sus distritos. En el caso de Salta, de un presupuesto general de $10.000 millones, $8.000 millones son subsidios y $2.000 illones recaudación por venta de boletos. Los subsidios los aporta en un 75% la provincia y el resto la Nación.

Esta puja es presentada como la defensa del interés general de los salteños frente al Estado nacional. Pero la verdad es que están defendiendo la ganancia de las empresas locales y nada más. Al mismo tiempo que arman esta disputa por la distribución de subsidios en el presupuesto nacional sostienen junto al gobierno nacional y todo el arco político, excepto el FIT-U, los acuerdos con el FMI que empujan el ajuste y los tarifazos en todos los servicios públicos.

Además, tanto Sáenz como su socio de Juntos por el Cambio, el actual senador nacional Juan Carlos Romero, salieron a declarar en FM Aries que hay que revisar, es decir reducir o eliminar, las gratuidades que en Salta alcanzan por ley a los estudiantes en período de clases y a los jubilados.

La lógica es una sola: se puede reclamar más subsidios al Estado nacional, y se pueden eliminar gratuidades o subir el boleto común, como viene ocurriendo. Lo que para Sáenz y cía parece estar prohibido es abrir los libros de las empresas y terminar con un sistema de transporte completamente parasitario, sostenido directa e indirectamente por los trabajadores salteños, ya que una parte se aporta con el pago del boleto y el resto con los impuestos que pagamos los habitantes de una de las provincias más pobres del país.

Así “roban” las empresas

Las empresas del transporte son de las que más se han enriquecido desde que se implementó este esquema de subsidios que les garantiza la rentabilidad, porque cobran por kilómetro recorrido, con independencia del número de pasajeros que transporten. A este beneficio se agrega otro subsidio millonario porque el Estado es el que invierte regularmente, de modo que siempre un 20% de la flota de colectivos es del Estado pero cedida a las empresas para que las exploten.

Defendemos la lucha de los choferes por la equiparación salarial, rechazamos los tarifazos y la eventual eliminación de las gratuidades. Lo que hay que revisar es el lucro empresario abriendo los libros de las empresas, lo que está demás en el sistema es la ganancia parasitaria de los empresarios. El subsidio estatal debe garantizar el funcionamiento del servicio público que debe ser estatal y bajo control de los trabajadores y usuarios.

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