Mientras la provincia de Salta sigue conmocionada por las muertes por hambre, nada impidió a Gustavo Sáenz, y a su legislatura adicta, aprobar en un trámite “exprés” -sin acompañar fundamento alguno- la ampliación del número de miembros del máximo tribunal provincial de 7 a 9 miembros.

Su antecesor Juan Manuel Urtubey ya los había aumentado de 5 a 7, mientras que Juan Carlos Romero se fue del poder en 2007 designando, antes de irse, a varios miembros de su gabinete en la Corte. Las manipulaciones respecto a la designación de jueces en la Corte se ha vuelto una costumbre del poder político local para garantizarse un control del poder judicial.

El blindaje del poder político salteño resultó sumamente eficaz ya que de esta forma se frenaron las causas por múltiples fraudes en la compra y venta de tierras para viviendas durante el gobierno de Romero. Seis casos fueron denunciados por la bancada del Partido Obrero. El más trascendido fue el caso “La Ciénaga”, donde 90 hectáreas adquiridas para distribuir terrenos entre las familias más pobres terminaron en el patrimonio de una de las empresas del actual Senador, cuasi vitalicio, de Salta. Urtubey, por su parte, hizo avalar por la Corte sus decisiones despóticas y anticonstitucionales, como la que benefició con una quita de $2.000 millones (a valores actuales) al terrateniente y político derechista Alfredo Olmedo por la cantidad de 150.000 hectáreas de tierras fiscales de Salta Forestal.

Como denunciamos en la sesión de diputados de la legislatura salteña donde se consumó esta medida, el propósito de la ampliación es el de garantizar una mayoría propia y un blindaje para obtener impunidad para el actual gobierno y sus socios. Sainz podría ser llevado a juicio por el escándalo de facturaciones y contrataciones truchas, por valores millonarios, bajo su gestión como intendente de la ciudad de Salta, posición que encabezó hasta hace dos meses. El año pasado salió a la luz este fraude, del cual resulto imputado un grupo de sus funcionarios por la calificación de asociación ilícita, entre ellos el secretario de Hacienda, quien debió renunciar. Cualquier investigación seria llevaría a imputar al actual gobernador.

Horacio Aguilar: el abogado de las grandes empresas y los gobernadores

Aprobada la ampliación de la Corte, Sáenz manda ahora al senado las propuestas de 3 candidatos para completar los 9 miembros. La nominación de Horacio Aguilar -su abogado personal quien lo patrocinó frente a las denuncias en su contra por las facturas truchas- confirma en toda la línea nuestra denuncia en diputados. Aguilar es además abogado de Urtubey, su estudio representa a la provincia en los litigios con nación, por los que obtiene enormes beneficios; es defensor de Blaquier, el dueño del ingenio Ledesma, en el juicio donde se lo imputa por colaborar con las desapariciones de obreros en la llamada “Noche del apagón”; también es abogado de la Seabord Corporation, dueña del ingenio Tabacal, en las causas donde se persigue a los dirigentes del Sindicato Azucarero; por último, fue el abogado del exgobernador Fellner en el juicio por denuncias de corrupción en su contra.

El régimen oligárquico de Romero y Urtubey, encuentra en Sáenz una continuidad total: el dominio sobre el poder judicial, es una de sus líneas maestras. La lucha para terminar con esta dominación reaccionaria del aparato judicial es parte de la batalla por desmantelar el Estado oligárquico. En esa perspectiva es que defendemos la elección popular y el derecho a revocatoria de los jueces.

Todo este episodio pinta de cuerpo entero la impostura de Sanz, quien pretende presentarse como un reformador y convocar a una Asamblea Constituyente para “renovar la democracia” en la provincia, partiendo de la base de acotar las reelecciones.

¿Qué reforma democrática puede protagonizar el que debuta poniendo bajo sus pies el poder judicial? Denunciamos esta tentativa “reformista” como otro episodio que buscara reforzar el régimen oligárquico, de la mano de los responsables de las muertes por hambre y del 50% de trabajo en negro en la provincia.