La Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) autorizó un aumento del 28% en el servicio de transporte público de pasajeros, lo que redundó en que el boleto urbano pase de $25 a $32 desde el 9 de marzo. El incremento rige en la misma proporción en los boletos interurbanos.

La sociedad del Estado que maneja el sistema de transporte, Saeta, había pedido un aumento escalonado del 40%, que implicaba que en el primer semestre el boleto llegara a $30 y en el segundo a $35. Luego, pidió un 30% sin escalonar. Finalmente el gobierno de Gustavo Sáenz lo autorizó. Simularon un tironeo para descargar un boletazo contra la población.

Antes de avalar el aumento, la AMT debió cumplir con el requisito legal de convocar a una audiencia pública, obligada por una acción judicial presentada por una organización de defensa del consumidor. La audiencia se realizó el 17 de febrero pasado en la localidad de Campo Quijano, para evitar una movilización en la puerta de la audiencia, como lo denunció allí nuestro compañero Pablo López. La movilización se hizo en la ciudad de Salta, y tuvo una masiva concurrencia.

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Fue tan trucha la audiencia que hasta perdió su carácter público: no dejaron ingresar a algunos periodistas ni a un grupo de militantes del MST. El despliegue policial que se montó en los alrededores del complejo fue enorme. Las autoridades de Saeta no se hicieron presentes, y dejaron en manos de una trabajadora de prensa la defensa del pedido de aumento. Tampoco asistieron las autoridades de Quijano, que se habían anotado para intervenir. Lo mismo ocurrió con concejales y diputades oficialistas, y la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Salta.

En su intervención, Pablo López explicó que en el propio expediente se señala que los recorridos se redujeron un 50% durante la cuarentena, mientras que los subsidios del Estado nacional crecieron un 286% respecto a 2019. Denunció que el sistema de transporte no solo es muy ineficiente -como quedó expuesto con las intervenciones en la audiencia- sino que es completamente parasitario porque se sostiene con el bolsillo de los trabajadores y los fondos públicos para garantizar las ganancias de ocho empresas que cobran por kilómetro recorrido sin importar la cantidad de pasajeros. Indicó que es muy probable que aun con la reducción de los recorridos las empresas hayan cobrado como si hubiesen hecho el 100% de los mismos; en el expediente nada figura sobre este asunto.

Esa denuncia categórico fue confirmada plenamente días después cuando se abrieron los sobres de la nueva licitación, ya que los contratos con las empresas estaban vencidos. Se presentaron exclusivamente las mismas ocho firmas que monopolizan el sistema. Los negociados de la patria contratista se perpetúan gobierno tras gobierno, desde Romero, pasando por Urtubey y ahora Sáenz.

El servicio de transporte debe ser totalmente estatal, bajo control de sus trabajadores y usuarios. Es la única forma de tener un servicio eficiente y más barato, eliminando el parasitismo empresarial asociado al Estado.