Ayer, domingo, a las 20 hs. en un discurso en cadena, Sáenz anunció que, por DNU, establecería un fondo solidario al que debían aportar todos los empleados públicos menos los de salud y seguridad, de entre un 10 y un 15% de los sueldos. A las 23 por Twitter anunciaba que el aporte iba a ser “voluntario”. En esas tres horas se multiplicaron los repudios de los trabajadores. En la docencia comenzó a discutirse hacer un paro virtual dejando sin efecto todo el trabajo de educación a distancia. Nuestros planteos en favor de que los que deben aportar para financiar las medidas frente a la crisis son los grandes grupos económicos, circularon con enorme amplitud. Hasta la burocracia de todos los gremios, recontra cómplice del gobierno, debió sacar un comunicado declarando un “estado de alerta”. Es que la enorme mayoría de los sueldos de empleados públicos están claramente por debajo de la línea de pobreza y en algunos municipios ni siquiera alcanzan al salario mínimo legal, es decir son sueldos de carácter alimentario que además han sufrido un golpe enorme por los aumentos de precios desde el inicio de la cuarentena.

Que el gobierno de Sáenz viene por los salarios de los empleados públicos es algo que hemos denunciado desde Prensa Obrera hace 4 semanas cuando el ministro de Economía, Dib Ashur, declaró que la idea de Bolsonaro de habilitar que las empresas no paguen sueldos, durante la cuarentena no era descabellada sino que debía discutirse también en Salta. También los Romero editorializaron en su diario El Tribuno que los aumentos, otorgados a la docencia autoconvocada y extensivos a todos los empleados públicos, eran insostenibles para el fisco.

En la misma línea Sáenz acaba de declarar que la provincia emitiría un bono para cancelación de deudas que es un paso a la emisión de cuasimonedas para cancelar sueldos. Se utiliza en este caso la excusa de armar un fondo solidario para financiar un “subsidio a los pequeños emprendedores” lo que es una extorsión inadmisible además de una excusa ya que no se sabe exactamente quiénes serán los beneficiarios.

Solo en los últimos diez días de marzo hubo en Salta 1.500 despidos con la completa complicidad del gobierno: 1.500 nuevas familias sin el pan en la mesa. ¡Si sos cómplice de los despidos mal podés ser el adalid de la solidaridad!

Es claro que la provincia necesita financiamiento. Tenemos la mitad de los trabajadores en negro y estamos segundos en niveles de desocupación y pobreza a nivel país. Desde que comenzó la crisis no se ha designado un solo nuevo médico ni enfermera. Las muertes por hambre entre las comunidades originarias no cesan y la inversión en el acceso al agua potable de estas comunidades marcha a paso de hormiga.

Además de completamente injusto el planteo de Sáenz de una quita salarial es impotente.

Hemos reclamado desde el inicio de la crisis que se forme un fondo sobre la base de un aporte extraordinario de las grandes empresas, patrimonios y los bancos. Si tenemos muertes por hambre y la mitad de la población sin ingresos, deben dejarse de pagar los vencimientos de la deuda de la provincia que este año significan 3.500 millones (que además en un 40% están en dólares). Lo mismo hay que hacer a nivel nacional. De otro modo los fondos solidarios, incluso voluntarios, irán a sostener los pagos a los usureros en medios de la mayor crisis social y sanitaria.

La enorme reacción de los trabajadores ha hecho recular al gobierno con esta quita salarial. Es una muestra del potencial de una intervención obrera en la crisis, la única que pondrá sobre la mesa un programa para defender la vida y la salud de los salteños.