El domingo 26, el gobernador Gustavo Sáenz dio un mensaje desde Casa de Gobierno. Cuando todos esperaban anuncios sobre cómo se flexibilizaría la cuarentena, se despachó en forma airada que la misma debía seguir hasta el 10 de mayo, como a nivel nacional, porque un “delincuente” obrero golondrina se le ocurrió volver a su casa, de polizón, escondido en un colectivo. Asombrados los salteños escuchamos: “¿qué le costaba hacer la cuarentena en Río Negro?”, amenazando que la justicia federal se iba a encargar. Acto seguido ordenó que no ingrese ningún colectivo de media y de larga distancia a la provincia.

Es de público conocimiento que cientos de trabajadores golondrinas quedaron varados en Río Negro, San Juan y Mendoza, luego de que la cuarentena paralizara algunas cosechas. Algunos no recibieron ninguna paga y se encontraban amontonados en taperas en el interior de las fincas, los patrones no se hicieron cargo de pagar el regreso de sus obreros. Otros tantos se aglomeraron en las terminales de ómnibus intentando volver y solo recibieron ayuda de las organizaciones sociales y de personas solidarias. Ningún gobernador se hizo cargo de pagarles siquiera la comida. Para centenares de ellos, pasadas las primeras semanas, se hizo insostenible seguir en esas condiciones; la mayoría que volvió a sus provincias fue porque sus familiares les pagaron el pasaje de vuelta.

El jueves 23, Gendarmería y la Policía detuvieron un colectivo proveniente de Río Negro en el peaje de Güemes, porque el gobierno de Río Negro informó que en el colectivo venían pasajeros que estuvieron en contacto con enfermos de coronavirus. Fueron llevados al hospital Joaquín Castellanos de Güemes, se les tomó la temperatura. Como nadie mostraba síntomas no se le realizó el test a ninguno. Este traslado generó una crisis con las autoridades locales. Seis pasajeros bajaron y siguieron hasta Salta, para hacer la cuarentena obligatoria en un hotel junto a otros trabajadores golondrinas.

Sin embargo, el viernes 24 el juez federal de garantías Bavio formalizó la imputación, que se tramita bajo el proceso de flagrancia, por “propagar una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas” y se ordenó la detención de los dos obreros golondrina, los dos choferes y tomar las muestras de análisis. Recién el domingo 25 se confirmó positivo asintomático para uno de los obreros.

El engendro jurídico del Código Penal argentino artículo 205 que pena la violación de medidas contra epidemias y estipula una pena de prisión de seis meses a dos años para las personas que vulneren cualquier medida sanitaria dispuesta por la autoridad competente, destinada a impedir la introducción o propagación de una epidemia; le viene como anillo al dedo al pequeño aspirante a Bonaparte regional, para poder eludir su responsabilidad, al igual que al resto de los gobernadores. ¿Acaso el gobernador de Río Negro está eximido de la responsabilidad de garantizar la asistencia económica y alimentaria, tal como lo reclama el Polo Obrero en todo el país, para que estos compañeros puedan realizar la cuarentena lejos de su hogar en las mejores condiciones? ¿No es obligación de Sáenz, repatriar a todos los trabajadores que la cuarentena encontró afuera, trabajando lejos de su hogar porque en esta provincia no hay trabajo, y garantizarles a ellos y sus familias lo mismo mientras dure el aislamiento?

La criminalización de un trabajador enfermo, que además carece de un salario estable y en blanco que le permita autoaislarse, tiene el objetivo de establecer que la responsabilidad es individual y que no existen las diferencias sociales para realizar la cuarentena.

Cuarentena obligatoria en “contagiaderos” masivos

Loa trabajadores fueron llevados al Hotel Victoria Plaza, el único lugar designado por el Estado para que hagan la cuarentena los “repatriados” pobres. A la clase media que volvió de Europa por sus propios medios, se le permitió instalarse en sus casas, por el supuesto que sí cuentan con una habitación para aislarse de su familia. No sería el caso de estos trabajadores, que viven hacinados con sus familias numerosas en pequeñas viviendas.

Sin embargo, el director del hospital del Milagro denuncia que en este hotel han hacinado a 140 trabajadores, sin ningún protocolo para evitar el contacto y la gente se amontona a la hora de la entrega de la comida.

Trabajadores golondrinas de Orán hicieron llegar a los medios un video donde cuentan que no hay limpieza en las habitaciones, ni les proveen elementos para que ellos mismos limpien y que la comida es inadecuada. Todos llevan distinto tiempo de cuarentena, ya que van amontonándolos a medida que van llegando de otras provincias. El ilustre comité de emergencia que formó Sáenz, que no cuenta con ningún médico infectólogo, no los ha integrado a una política sanitaria, solo organiza estos lugares apartados del resto de la población, para evitar la propagación hacia afuera, para adentro poco importa. Los medios también dieron a conocer que en las localidades del interior habilitaron galpones, centros deportivos con colchones en el piso, para que las personas hagan una cuarentena apiñadas con otras. Allí no existe distanciamiento, ni barbijo, ni nada. Los destinatarios de estos lugares son en su mayoría gente pobre, trabajadores golondrina, que en algunos casos están con sus esposas y niños pequeños.

Sáenz pretende combatir la enfermedad, garrote en mano, solo con la cuarentena, para ahorrarse gastos. No hay tests ni siquiera para los casos sospechosos. Los médicos han salido a realizar medidas de protesta en las puertas de los hospitales porque aún no cuentan con los elementos de bioseguridad para atender pacientes de Covid-19. No se nombró a más personal y no se organizaron hospitales de campaña para evitar que colapse el ya deteriorado sistema de salud de Salta.

Desde el Partido Obrero exigimos que se termine con este trato indigno a los trabajadores golondrina, que se pongan todos los recursos necesarios para traerlos a la provincia, y la habilitación de testeos masivos para todos, para garantizar que ingresen sanos a sus domicilios. Así como la inmediata asistencia alimentaria y un seguro al parado de $30.000 para todo trabajador desocupado.

Por un impuesto a las grandes riquezas para constituir un fondo para ser aplicado a estas medidas.

Abajo el decreto represivo 255/20 y las leyes que penalizan la pobreza.

Desprocesamiento ya de los trabajadores golondrinas y de los choferes.