En sólo 48 horas, el gobernador salteño Gustavo Sáenz ha hecho aprobar la intervención del municipio de Aguaray en ambas cámaras legislativas, con el único voto en contra del Partido Obrero.

El proyecto de intervención había sido presentado hace seis meses ¿Que ha hecho que de golpe se destrabe el trámite con apoyo de todo el arco político a excepción de la izquierda? La causal que se invoca es un negociado o robo de 35 kilómetros de cañerías del frustrado gasoducto NOA-NEA, cuya construcción fue abandonada en 2018 por el gobierno nacional de Macri luego de una década de inversiones estatales multimillonarias en dólares.

Pero la novedad fue que comenzó a gestarse en el pueblo un principio de deliberación y movilización. Una asamblea de vecinos estableció un pliego que reclamó la apertura de los libros contables al control vecinal, el pase a planta de los municipales precarizados y el equipamiento del hospital frente a la pandemia. Detrás de ese programa se cuestionó la continuidad de Jorge Enrique Prado a la cabeza del municipio.

Este proceso se da en el marco de otras graves crisis municipales en la provincia. En Orán los cacerolazos para denunciar la responsabilidad del gobierno en el colapso sanitario incorporaron la consigna “que se vayan todos”, lo que terminó provocando la caída de todo el gabinete municipal. El potencial de crisis e intervención popular en otros municipios se alimenta por los agravios que sufren los vecinos, y en especial los trabajadores municipales. En Colonia Santa Rosa y Apolinario Saravia se pagan los salarios con las escalas de hace un año, mientras que en Mosconi se impuso una rebaja salarial a los trabajadores de planta, completamente ilegal.

Sáenz, para sacar el foco de las críticas sobre su gestión, echó leña al fuego de las crisis municipales cuando anunció –en medio de la situación que lo llevó a echar a su ministra de Salud- que había transferido “fondos Covid” a los intendentes por 600 millones de pesos, lo que a la postre resultó falso. Se trataba de fondos para pagar sueldos y compensar la caída de la coparticipación. Esto multiplicó las demandas de los vecinos contra los intendentes, a los que se les endilgó que se quedaron con los fondos que habían remitido para atender la pandemia.

El régimen no se “cura en salud”

El diputado del Partido Obrero, Claudio Del Plá, desenmascaró a todos los bloques políticos en la sesión de Diputados en que se votó la intervención de Aguaray. “Las cañerías robadas en Aguaray eran parte de la obra de construcción del gasoducto NOA-NEA, presupuestada en 2.300 millones de dólares, mucho más que el presupuesto de un año entero de la provincia de Salta. Los defensores de la intervención no quieren avanzar ni un centímetro en investigar a las empresas y a los gobiernos que ocasionaron esta enorme estafa, al contrario, algunos de sus protagonistas, que estaban presos, salieron en libertad. En el pasado otros fraudes como el de cuarenta millones de dólares, para la construcción del Dique Itiyuro, afectaron la región”.

Agregó además que “Sáenz no tiene las condiciones políticas ni morales para que un enviado suyo ponga fin a la corrupción. Colonizó la Corte de Justicia para que no se investigue jamás el fraude millonario en la Municipalidad de la capital perpetrado cuando él era intendente, en donde se fabricaban facturas truchas y licitaciones con empresas fantasmas. Algunos de los imputados de estos fraudes siguen como funcionarios en su gobierno”.

Del Plá trazó también un balance lapidario de las últimas intervenciones a municipios. “En Salvador Mazza, por denuncias de corrupción sobre el exintendente Villalba, se mandó una interventora que no investigó nada y endeudo más al municipio. Para cerrar el fraude de la intervención, (el exgobernador Juan Manuel) Urtubey puso a Villalba como candidato a intendente del pueblo en su lista en la siguiente elección. En el municipio de El Bordo, también intervenido por el escándalo de corrupción de menores y el desmanejo de fondos municipales, ocurrió lo mismo. En ambos casos garantizaron la impunidad de los intervenidos”.

“Los diputados, que justificaron la intervención desde una aparente defensa de la constitución y la representación popular, ocultan el fraude a la voluntad popular de los ocho diputados del Frente de Todos, que constituyeron el bloque Sáenz conducción, siendo que fueron electos en oposición a éste. Son impostores, que violan sistemáticamente el mandato popular. Desde el Partido Obrero, sostenemos que el remedio debe ser el derecho de revocatoria, es decir que el pueblo de Aguaray tenga el derecho de retirar el mandato”, concluyó el legislador del PO.

En esta, como en las crisis del resto de los municipios, la clave está dada por fortalecer la iniciativa popular, la organización independiente de vecinos y trabajadores. Reunir nuevamente la asamblea , completar el pliego y plantarse firme, para que la excusa de la intervención no sirva para una línea de ataque a los trabajadores.

A diez meses de asumir, Sáenz debe apelar a intervenir un municipio, en un síntoma inequívoco de envejecimiento precoz del régimen que encabeza. O, mejor dicho, en una demostración de que sólo es continuismo del viejo régimen de Romero y Urtubey, el cual los trabajadores debemos superar.

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