Con el veto parcial de algunos artículos, el gobernador Gustavo Sáenz promulgó la ley represiva que apunta contra los trabajadores que luchen contra el ajuste.

Luego de una ronda de reuniones, por un lado con las cámaras empresarias, quienes exigen mano dura para que no haya obstáculos al desarrollo de sus negocios; y por otro lado con la CGT, quienes como buenos burócratas no luchan y que avalan una “regulación” del derecho a protestar, el gobernador dejó en pie la ley represiva votada de manera exprés en la Legislatura.

Los artículos vetados son aquellos que expresaban los aspectos más groseros de una legislación redactada por fachos ignorantes, como el artículo 4 que ya había sido señalado hasta por constitucionalistas por habilitar abiertamente la persecución política, ya que había que pedir permiso para reunirse o manifestarse en un lugar público con 24hs de anticipación y esperar a que te autoricen, además de identificar a los organizadores de la protesta, sean organizaciones o personas físicas, tal como se hacía en la dictadura militar.

Aunque la ley parezca que quedó muy enjuagada, en realidad es solo una adecuación para que no sea cuestionada por constitucionalistas y organismos de derechos humanos. Pero el propósito sigue siendo el mismo, reprimir a los que se levanten contra el ajuste, porque Sáenz es muy consciente de la situación en la que está la provincia, con un fuerte endeudamiento que lo lleva a tener que hacer esa diferencia, para cumplir con los acreedores ajustando los salarios de los trabajadores y al pueblo en general.

La ley represiva sigue en pie, como quedó de manifiesto en el artículo 3° inciso A donde se establece que ninguna protesta (puede ser una huelga) o manifestación puede interrumpir los servicios de salud, educación y transporte… o el artículo 11 que establece arresto de hasta 20 días o multa para la contravención cuando se interrumpa el tránsito.

Por eso seguiremos en las calles para exigir su derogación o anulación, porque la reacción del pueblo como la de los maestros, los trabajadores de la salud o las organizaciones sociales obedecen a una acción contra los políticos capitalistas como Sáenz que han gobernado siempre a favor de la oligarquía y patrones responsables del saqueo de nuestros recursos y de la pobreza estructural.