La aprobación en Diputados del crédito con el banco Macro es un complemento de la política de ajuste que lleva adelante Sáenz destruyendo salarios y desfinanciando la salud pública. Toman fondos para pagar la deuda del Bicentenario que debió invertirse en obras que nunca se hicieron, a excepción de un 20% de los fondos que ejecutaron los municipios. El destino de aquellos fondos, con Urtubey como gobernador y Estrada como ministro, fue financiar los déficits del Ejecutivo y la campaña presidencial del primero.

Esta deuda trucha ya fue refinanciada y reconocida en su momento por Sáenz y por todo el arco político de Salta a excepción del Partido Obrero que fue el único en votar en contra en Diputados en una votación de 57 a 1.

Aunque la ley aprobada no lo dice, el uso del dinero va a ser discrecional. Lo confirma el hecho de que en los últimos días el gobierno se ha reunido con distintas cámaras empresarias a las que, en nombre de la crisis económica y el incremento de tarifas de los servicios, se ha comprometido a subsidiar por distintos mecanismos.

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Esta fuera de la agenda del gobierno ir a buscar los fondos en las grandes actividades económicas de la provincia. Los dueños de la tierra solo aportaron 4 de cada mil pesos de los ingresos del año pasado, según la información oficial de la Oficina de Presupuesto de la Provincia. Esto es así porque pagan impuestos por valores ridículos de la tasación de sus tierras. Tampoco se propone ir a buscar los fondos en la minería. Al contrario, Sáenz es un ferviente promotor del nuevo Régimen de Grandes Inversiones (RIGI) que esta contenido en la Ley Ómnibus de Milei, que sus diputados apoyaron y van a volver a apoyar en los próximos días cuando sea tratada en el Congreso.

Decimos que el crédito es un complemento de la motosierra, que también aplica Sáenz a nivel local, porque no está previsto destinar fondos a la emergencia alimentaria planteada por el crecimiento de la pobreza y el corte total de los alimentos a los comedores de parte del gobierno nacional. Tampoco se prevé aplicar los fondos a la emergencia sanitaria por el impacto del dengue en la provincia, que demanda la vacunación masiva, la contratación de brigadas para el descacharrado, la fumigación focalizada en los lugares de contagio y el fortalecimiento de los dispositivos asistenciales con más personal y recursos.

La movilización unitaria de las organizaciones piqueteras a Casa de Gobierno el 10 de abril ha demostrado que hay reservas para enfrentar esta agenda antiobrera, y que se opone por el eje a la política de Sáenz de nuevos hipotecamientos para bancar al capital y seguir con el ajuste.

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