A los responsables de un hipotecamiento histórico de la provincia de Salta, les ha venido un impulso “reformista”. Cínicos.

Al gobierno, que en uno de sus primeros actos, amplió el número de miembros de la Corte de Justicia para garantizarse el control del poder judicial y la consecuente impunidad, del propio gobernador, en relación a los desfalcos producidos bajo su gobierno en la municipalidad, se le ocurre presentar una reforma en donde dicen querer “reforzar los organismos de control y fortificar el poder judicial” entre otros “nobles” propósitos.

A pesar de que los promotores de la iniciativa se muestren como preocupados en “ampliar los derechos de las mayorías”, en realidad son los defensores de las paritarias a la baja, del tarifazo confiscatorio, de la reforma laboral y de la estafa a los jubilados. Son los que, como Olmedo, bancan la depredación ambiental en beneficio de los terratenientes. Los que por 57 votos a 1 de nuestro partido en diputados, legitimaron el pago de una deuda fraudulenta como la del Fondo de Reparación Histórica y le cargaron esa hipoteca al pueblo de Salta. Son los que hoy bancan los despidos de los enfermeros Covid del San Bernardo y una vuelta a clases sin que el gobierno garantice los indispensables recursos materiales y humanos.

¿Que pueden democratizar, en fin, los que plantean descargar brutalmente la crisis sobre los trabajadores?

Es, por un lado, una cortina de humo para sacar del debate público las consecuencias dramáticas del ajuste capitalista, de la nulidad del gobierno en el combate a la pandemia. No habrá debate y menos aún soberano, para aprobar un paquete de reformas blindado en solo 14 artículos, que viene arreglado por los que gobernaron la provincia el último cuarto de siglo, como aquel nefasto “Pacto de Olivos” entre Menem y Alfonsín.-

Los protagonistas de este pacto, Romero, Urtubey y ahora Sáenz, han sido violadores seriales de la Constitución, o acomodaron su texto como un guante a la medida de sus intereses, como la reforma de Romero en 2003 para habilitar su re-reelección. En una nueva edición de esa maniobra, plantean que la reforma sería para limitar los mandatos y generar una alternancia en los diversos cargos. Al revés de esto y desmintiendo el mentado propósito, el proyecto plantea prolongar el mandato de los concejales de 2 a 4 años, justo en el único órgano del régimen donde la renovación es más factible, porque, a diferencia de la Cámara de Diputados, se renueva el 100 % de los cargos, cada 2 años y por distrito único. Sin duda un blindaje por el susto que sufrió cuando el Partido Obrero le ganó la capital de la provincia y un mecanismo preventivo contra una bancada que desnudó su responsabilidad por el vaciamiento y el saqueo de la municipalidad con las empresas contratistas entre ellas la Fueguina. Asimismo se dejan en pie instituciones completamente antidemocráticas como el senado provincial y un sistema electoral que no garantiza la representación proporcional de los salteños.

Otro objetivo central que traen bajo la manga de esta reforma, a no dudarlo, es darle mayores garantías a las empresas que saquean nuestros recursos naturales y habilitar por vía constitucional un uso irrestricto del suelo, que legalice los desmontes masivos que ya provocan un desastre ambiental y social.

Una reforma de la Constitución que sirva al interés de las mayorías debería estar convocada por un gobierno de los trabajadores, debiera ser libre y soberana. Sólo así podría acometer los grandes problemas planteados en el marco de una reorganización social de conjunto que desmantele el régimen oligárquico.

Habría que comenzar por la declaración de interés público del conjunto de los recursos naturales provinciales, hoy saqueados por las grandes empresas. Una parte sustancial de la tierra debería ser reservada para la construcción de viviendas populares. Los servicios públicos deberían ser ejecutados por el estado bajo control de los usuarios y no un negocio para los capitalistas. Por un principio constitucional, el ahorro que produce el trabajo y la explotación de estos recursos debería aplicarse al desarrollo, la infraestructura, los servicios y la industrialización de la provincia, en la órbita del estado y bajo control de los trabajadores.

La limitación de los mandatos debería comenzar por establecer el derecho de revocatoria por iniciativa popular. El voto debe dejar de ser un cheque en blanco. El que vota debe tener derecho de retirar el mandato cuando la estafa es manifiesta, como ocurre casi todo el tiempo. En esta línea hay que eliminar toda forma de privilegio para los electos por el pueblo con un salario que no supere el de un trabajador calificado.

Hoy, llamamos al pueblo a pasar de largo de toda maniobra y enfrentar el contenido reaccionario de la reforma, debemos poner toda nuestra energía en desarrollar la intervención de los trabajadores en la crisis para imponer una salida que garantice el salario igual al costo de la canasta familiar, el 82% móvil a los jubilados y los recursos indispensables para enfrentar la crisis sanitaria y educativa, y derrotar el ajuste capitalista.