A través de un tweet Marcelo Tinelli, junto a su preocupación por la muerte de niños Wichi en Salta, manifestó su apoyo público al gobernador Sáenz. Sáenz mientras tanto convocó a sesiones extraordinarias de la legislatura provincial donde el tema que preocupa a Tinelli ni figuró.

Lejos de eso, cuando la provincia atraviesa una gravísima crisis que se está cobrando la vida de los niños de las comunidades originarias como consecuencia de la desnutrición, el gobernador convocó a las extaordinarias para plantear un nuevo rescate a los grupos empresarios que actúan en la provincia y para ampliar a 9 los miembros de la Corte de Justicia.

El rescate a los grupos empresarios está planteado en un proyecto de ley de moratoria impositiva. Dicha moratoria abarca a prácticamente a todos los impuestos provinciales, pero también al canon minero, al de riego y a las multas por infracciones a las leyes laborales.

El proyecto del ejecutivo plantea la posibilidad de que los capitalistas que accedan a la moratoria puedan usar créditos fiscales para pagar las deudas. Esos créditos fiscales los grupos empresarios los obtienen a partir de distintas leyes de promoción que se aprueban en nombre de la generación de puestos de trabajo, que nunca llegan, y desde hace varios años pueden ser transferidos. Es decir que un capitalista puede comprar un crédito fiscal a un valor inferior al nominal y usarlo para cancelar deuda, y el estado le reconocerá el valor nominal de ese crédito. Para las grandes empresas se prepara una ganga.

Como si todo esto no bastara, el artículo 20 del proyecto de ley, le otorga al ejecutivo la facultad de eximir de impuestos a los capitalistas en nombre de que determinado grupo económico se encuentra situado en una zona vulnerable. Tengamos en cuenta que en los departamentos más pobres de la provincia están los exportadores de granos, las empresas petroleras, las mineras y como en el caso de Orán, la principal industria de la provincia como es el ingenio El Tabacal. Sáenz se apropia de las facultades del parlamento, como la exención de impuestos, para proceder a este gran rescate al capital.

El gobernador Sáenz, que hace alarde de que planteará una reforma constitucional para democratizar al régimen político, ha presentado, sin fundamentos, un proyecto para ampliar la Corte de Justicia de 7 a 9 miembros. Como la Corte esta provisoriamente con 6 miembros, el gobernador se asegurará tres integrantes propios para dar continuidad a la enorme impunidad que hay en la provincia. Los medios señalan a Rodolfo Urtubey, hermano del exgobernador, como uno de los que serían propuestos.

Está claro que Sáenz es una continuidad del régimen oligárquico que gobierna la provincia por los menos en los últimos 25 años con Romero y Urtubey. Por eso impulsa este rescate y esta garantía de impunidad, por eso declara públicamente que no hay que buscar responsables en la muerte de los niños por hambre. No solo Sáenz se cubre a sí mismo, también a los ex funcionarios y a Urtubey, que entregó la asistencia de los desnutridos al oscurantista Abel Albino destinando millonarios recursos, y que se robaron los datos de desnutrición y quisieron luego venderlos al estado a nombre de una consultora privada. Un escándalo.

Nuestro compañero diputado Claudio Del Plá es el único que ha denunciado este nuevo rescate al régimen oligárquico salteño y que votó en contra de ambas iniciativas. Además desde el Partido Obrero impulsaremos una gran marcha contra el hambre, y defenderemos el reclamo de que de inmediato se cree un impuesto extraordinario a los grandes grupos económicos para financiar un plan de atención de la situación con médicos y personal de salud de dedicación exclusiva, con obras de infraestructura sanitaria y con la provisión de alimentos con prioridad para las comunidades del pueblos originarios del norte. Con este programa salimos a un luchar por terminar con el régimen de hambre de los Sáenz, Romero y Urtubey, y abrir paso a un gobierno de los trabajadores.