13/10/2021

Salta: un tarifazo al agua que no llega o está contaminada

Décadas de desinversión y atropellos a la población.

En vísperas de la Audiencia Pública convocada por el gobierno de Sáenz (Salta) para autorizar un tarifazo sobre el agua, se hicieron visibles las denuncias de los barrios y comunidades, en donde se organiza el Polo Obrero, sobre la gravísima situación sanitaria que padece el pueblo de Salta en forma crónica. Falta de agua potable durante varias horas al día y colapso de las cloacas en distintos barrios de la provincia con el consiguiente riesgo sanitario; y la histórica falta de agua y la contaminación con arsénico en las comunidades originarias.

La denuncia de una compañera del Polo Obrero de la Comunidad Wichi Carboncito de Embarcación, a través de un video donde se observa cómo sale de la manguera un agua barrosa y oscura, muestra el enorme riesgo que viven estas comunidades día a día y la causa de las muertes de niños wichi cada año, por diarrea, cuando llega el período estival.

Ya muy tempranamente asumido Sáenz, la Procuración General inició una investigación por la muerte de al menos trece menores en enero del 2020, en los departamentos San Martín y Rivadavia; y de otras 12 muertes, ocurridas en febrero de ese mismo año, informadas por la directora de Salud Materno Infanto Juvenil del Ministerio de Salud Pública (Ministerio Público Fiscal 8/04). Los diagnósticos se reiteran: fallecimiento por “gastroenteritis con deshidratación severa” es la causa de muerte por la ingesta de agua contaminada combinada con la desnutrición del sector más vulnerable de esta población: los niños menores de 5 años.

Rápidamente, Sáenz recibió el auxilio de la gira mediática de Arroyo, exministro de Desarrollo de Fernández y sacó una declaración de emergencia sociosanitaria que no contaba con un presupuesto específico, ni enumeraba las medidas concretas para atender las causas estructurales de las muertes por hambre o por falta de agua potable. Siguiendo con la puesta en escena, convocó una sesión extraordinaria en el receso legislativo, pero el paquete de leyes propuesto por el Ejecutivo no incluyó la discusión de la emergencia sociosanitaria ni puso a debate medidas frente a la crisis; por el contrario, uno de los proyectos fue una moratoria con amplios beneficios a los grandes evasores de la provincia, que sólo pagaron un tercio de sus deudas impositivas y que solo fue rechazado por el bloque del Partido Obrero.

En noviembre del 2020, cerca de 200 integrantes de distintas comunidades originarias de los departamentos de Santa Victoria Este, Orán y San Martín, mayoritariamente wichis, comenzaron una marcha a la que llamaron de Unidad de las Comunidades originarias. El pliego que le presentaron a Sáenz, de 20 puntos, planteaba los reclamos históricos de las comunidades, en primer lugar la provisión de agua potable, pero además médicos y enfermeros, defensa de su territorio contra los desmontes, titularidad de los mismos, viviendas, etc; a los que se sumó el tratamiento de la salud en tiempos de pandemia.

La única respuesta de Sáenz fue la inauguración de siete pozos a lo largo de este año mientras refinanciaba la deuda de 350 millones de dólares, dejada por Urtubey del Fondo de Reparación Histórica y del Crédito del Bicentenario; que solo sirvieron para alimentar la bicicleta financiera. Una renegociación, a libro cerrado, sin investigar el uso de los empréstitos, que carga una hipoteca sobre el pueblo trabajador y la continuidad del ajuste.

El agua: ¿un derecho o un negocio?

El acceso al agua potable para el pueblo de Salta es incompatible con el régimen parasitario que gobernó la provincia desde siempre y que continúa con Sáenz. La estructura jurídica de la empresa proveedora de agua potable, como una sociedad anónima con paquete accionario mayoritario del Estado, es la muestra que el acceso al agua ha dejado de ser un derecho universal para transformarse en un negocio desde las privatizaciones romeristas.

La Audiencia Pública que este miércoles autorizará el aumento de la tarifa también autorizará el cambio de la estructura de la misma, incorporando el costo de las obras públicas a los usuarios. Un mecanismo que lleva a la desinversión del sistema y al endeudamiento con la empresa, de miles de familias.

Salir de este sistema requiere de un debate estratégico de la población trabajadora, que debe discutir el acceso a los servicios asociados a una reorganización social donde prime el interés de la población por sobre la ganancia capitalista. Esto sólo puede ser tarea de un gobierno obrero.

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