En un reciente reportaje, el gobernador Ulloa se jactaba que la situación salteña no era comparable a la santiagueña, porque en Santiago el déficit era muy superior al igual que los sueldos de los funcionarios. La realidad es que el gobierno ulloísta viene disimulando la situación deficitaria sobre la base de mantener congelados los salarios y jubilaciones, y por sobre todo, pagando con casi un mes de retraso los sueldos. Cuando estalló el santiagueñazo, Ulloa, para quien Salta no es Santiago, salió presuroso a conseguir un préstamo del Tesoro Nacional para hacer efectivos los sueldos de noviembre y el aguinaldo. Por otro lado, el gobierno salteño está cargando la crisis financiera sobre los municipios. En un reciente plenario con los intendentes, Ulloa les anunció que los municipios deberán hacer su ajuste en base a la racionalización de personal y la suba de las tasas, lo cual está creando una situación de gran tensión en muchos pueblos. Recientemente, el municipio de Embarcación estuvo ocupado por los trabajadores que reclamaban el pago de salarios adeudados. En Tartagal hubo un paro que duró 30 días por los salarios, y ahora se va nuevamente a la lucha ante el anuncio de 50 despidos; en General Mosconi, el intendente ulloísta ha incorporado a dirigentes de la UCR al gobierno y con el PJ han firmado un pacto para llevar adelante el plan de racionalización.

Los reclamos de los empleados municipales se verán potenciados por el reclamo de los vecinos ante la suba de las tasas, que en el caso de la capital, se las pretende elevar en un 50%, lo que ya ha dado lugar a diversas manifestaciones de protesta. Algunos intendentes han señalado que no tienen otra salida, pues el gobierno provincial entrega con un mes de retraso los fondos de coparticipación municipal y retiene desde hace dos años los Fondos de Desarrollo Municipal, y por otro lado se deben suplantar las tasas que pagaban las empresas y que serán eliminadas con el pacto fiscal.

En algunos pueblos, la situación es aún más grave, pues se combina con situaciones de crisis en la parte agraria o industrial, como ocurre en todo el departamento de Güemes, donde con el cierre del ferrocarril, la planta cementera de Minetti, y la situación de quebranto del ingenio San Isidro, han quedado miles de trabajadores cesantes, que sólo parcialmente han sido absorbidos por el PIT (plan de empleo transitorio). A su vez, con la crisis tabacalera, los pequeños productores no han sido alcanzados por el acuerdo de precios entre la industria y los grandes productores, y han decidido que no van a levantar la cosecha.

Por otra parte, en medio de un rebrote espectacular del cólera, el gobierno no puede pagar en término los salarios al personal sanitario, lo cual ha dado lugar a que se extienda en toda la provincia un quite de servicios y renuncias generalizadas de médicos en algunos hospitales.

Está planteada una lucha de conjunto para enfrentar la miseria y desocupación, y el hundimiento de los pueblos que promueve la política del gobierno. En ese plano, la dirigencia de la CGT está borrada. El CTA, que básicamente está conformado por ATE, APSADE (médicos) y judiciales —se sumaría la ADP (docentes)—, es el único agrupamiento que se mantiene activo, como lo demostró el acto en solidaridad con el santiagueñazo y el riojanazo que realizó el 29 de diciembre, junto con los partidos de izquierda, y si bien fue poco numeroso, es una iniciativa que puede tener futuro, a condición de que no quede como un hecho aislado. En ese sentido, el CTA había decidido convocar en enero a un Congreso del Trabajo y la Producción, invitando a sectores gremiales y empresariales para discutir un programa a la crisis provincial, y que ha quedado en suspenso. Pero esta iniciativa iría a contramano de las necesidades de los trabajadores, que por sobre todas las cosas, necesitan crear un ámbito de deliberación propia, al margen de los patrones regionales, que por más contradicciones que tengan con el “plan” Cavallo, tienen coincidencias de principios con éste en la vigencia del Pacto Fiscal, la rebaja de los aportes patronales, la flexibilización laboral y el ajuste estatal, para poder seguir obteniendo subsidios. En este sentido, el CTA tiene la posibilidad de recrear la Asamblea Popular que funcionó años atrás en la capital, y que agrupó a numerosos gremios, centros vecinales y a los partidos dispuestos a sostener los reclamos y las luchas de los trabajadores, y por esa vía abrir una salida de conjunto para los asalariados y los pueblos de la provincia.