En Salta, el gobernador Juan Manuel Urtubey quiere asegurarse un resultado abultado para discutir en mejores condiciones el panorama post elecciones: en su agenda está un paquete de reformas reaccionarias para la provincia, el armado de su sucesión y, por supuesto, su candidatura nacional.

 

El mandatario salteño ha defendido todas las medidas antiobreras del macrismo, pero siempre tratando de mantener una oportuna distancia, para que el desgaste de la aplicación del ajuste no dañe sustancialmente sus aspiraciones presidenciales. Por eso dejó varias medidas impopulares para después de octubre, incluyendo una reforma impositiva regresiva, la adhesión a la nueva ley ART y el desalojo de campesinos a fin de año, entre otras.

 

El gradualismo va encontrando un límite en tanto el déficit fiscal aumenta a niveles explosivos, mientras que el endeudamiento salteño se triplicó en un año. Se van preparando las condiciones no para un despegue de la economía salteña sino para una profundización del ajuste: el gobernador ya presentó una ley ómnibus con exenciones a las empresas, mientras que realiza un relevamiento de viviendas para hacer un revalúo fiscal que gatille un impuestazo de grandes proporciones. Por otro lado ha avanzado en la reforma de la salud, fijando criterios productivistas y modificando el estatuto de la salud para legalizar la precarización de los trabajadores.

 

Más allá de los cruces electorales, todos los bloques burgueses salteños adhieren a esta línea, ahora con la excusa de apoyar a un Urtubey presidenciable. Esto incluye al PdV (Partido de la Victoria), que salió del frente oficial para canalizar una tendencia popular opositora pero que ahora va acelerando su re-asimilación al PJ, al igual que CFK. La puja patronal se evidencia en torno a la sucesión gubernamental: Urtubey quiere apoyarse en su autoridad para imponer la referencia de su hermano José, de la UIA. En tanto que el intendente capitalino, el ex massista devenido en macrista, Gustavo Sáenz, se proyecta al frente del Cambiemos local, un armado que comprende a romeristas y conservadores.

 

La lucha entre ambos frentes ha recrudecido en las últimas semanas, ventilando las inestabilidades y miserias de un régimen podrido. Mientras se multiplican las denuncias por violencia de género y laboral contra el candidato a senador provincial urtubeysista, el intendente Sáenz ha sido filmado en plena extorsión contra vecinos de una barriada salteña. En los videos se lo escucha afirmar que “si no trabajan para mí, no hay bolsones”. Se va evidenciando que tanto “las caras nuevas” del oficialismo como los “republicanos” de Cambiemos, no son más que punteros remachados, representantes de lo peor de la política. El débil entusiasmo despertado por algunos de estos candidatos que se presentaban como ajenos a la vieja política, va disipándose rápidamente. De hecho, las encuestas muestran que les está costando retener los votos de las primarias, conseguidos a fuerza de sumar colectoras de todo color.

 

Los desafíos del PO

 

Es en este panorama de precaria estabilidad burguesa en que el PO interviene con una delimitación de fondo, denunciando lo que preparan para después de octubre, desnudando la complicidad de todos los bloques burgueses en el ajuste y mostrando las contradicciones insalvables de la política oficial, que ha multiplicado la deuda sin reactivar la economía, dejando expuesto al país y la provincia a un nuevo defol. A pesar de ser una elección de medio término, los problemas de fondo atraviesan la discusión política. Está en cuestión quiénes gobiernan y bajo qué programa. El PdV se ha montado en este eje para afirmar que ellos, juntos a CFK, están en mejores condiciones que el PO para erguirse como alternativa nacional contra el ajuste. El desbarranque de Cristina Fernández, devenida en aspirante al PJ del ajuste, necesariamente debe golpear las expectativas en el kirchnerismo. Está planteado un debate a fondo contra estas falsas alternativas: en los últimos días el referente del PdV, Sergio Leavy, intendente de Tartagal, se mostró partidario del ajuste y hasta del servicio militar “para enderezar a los jóvenes que no quieren trabajar ni estudiar”. El progresismo está destruido y derechizado; los trabajadores no deben resucitar a un muerto político cuyo último acto fue acompañar en el Congreso y los sindicatos los pasos esenciales de Macri en el camino del ajuste.

 

En capital, el debate se concentra en torno a la senaduría provincial, hoy en manos de nuestro partido. A pesar de no ser inmediatos contrincantes del oficialismo, Urtubey ha decidido polemizar con nosotros: ha señalado que “con ideologías no se transforma la realidad de la gente” y que “la senadora de capital representa a una clase, cuando lo que se necesita es representar a los salteños”. El mensaje es claro, Urtubey quiere entrar en la etapa de profundización de los ataques a la clase obrera sin que ésta tenga una representación política. Quieren borrar cualquier vestigio de rebelión del pueblo salteño y golpear electoralmente al PO para mostrarlo como un partido acabado. La defensa de las bancadas de los trabajadores concentra esta enorme pulseada política contra todas las facciones del régimen oligárquico que gobierna salta desde siempre.

 

Nuestra organización, sin embargo, muestra grandes chances de ingresar a los parlamentos no sólo en capital sino también en Rosario de Lerma, Orán, Colonia Santa Rosa y otros municipios del interior. El tratamiento de la prórroga a la ley 26.160 [que mantiene suspendidos los desalojos de tierras de comunidades aborígenes], así como nuestra acción en la legislatura a favor de los campesinos en riesgo de desalojo, ha abierto un campo de acción muy importante, colocando a nuestro diputado Pablo López como única referencia en defensa de originarios y pequeños productores. Con el aviso de desalojo a término por parte de Urtubey y su intención de arrasar con el chaco salteño a favor de la soja y la caña, se plantea la necesidad de poner en pie un movimiento de lucha obrero-campesino-originario junto al PO, contra el régimen. Sólo nuestro partido viene advirtiendo y enfrentando este proceso.

 

A nivel capital, nuestras denuncias contra Sáenz y Urtubey por la contaminación del río Arenales han sido confirmadas por la justicia, reforzando así la lucha de los vecinos y nuestra referencia entre activistas del medio ambiente. Nuestros concejales han sido los únicos en denunciar la continuidad de los negociados entre el vicegobernador Miguel Isa y Sáenz al tiempo que organizaron a los vecinos por los reclamos urgentes. Por su parte, radicales, kirchneristas y derechistas de toda laya, que en su momento se presentaron como “la superación” del PO en el Concejo, se han revelado como meros “levantamanos” del intendente, favorables al ajuste y los negocios de las contratistas. Se impone un balance con los vecinos que vieron en ellos un atajo a la lucha. En Diputados acaba de aprobarse nuestra ley de jardines maternales en los lugares de trabajo para los empleados públicos. Una reivindicación clave en tiempos de reforma laboral negrera. Ahora vamos por una campaña para que el Senado complete la sanción.

 

En las dos semanas restantes, nuestro partido se esforzará por llevar estas conclusiones a los trabajadores. La expectativa en las fuerzas burguesas se mantiene pero colgada de un pincel. Los nuevos ataques producen fuertes virajes, como se puede ver por estar horas en el ámbito de la salud, en el que la reforma del estatuto ha llevado a muchos profesionales precarizados, votantes del oficialismo y el macrismo, a buscar una vía de organización en franco debate con nuestro partido. El ajuste no es un mal pasajero sino la forma que adquiere un proceso de reformas reaccionario, que se agravará después de octubre, contra la clase obrera y los sectores medios. La defensa de las bancadas del PO nos pondrá en mejores condiciones para derrotarlo y abrir paso a una alternativa política de los trabajadores.