Funcionarios del gobierno y medios oficialistas se han lanzado a una violenta campaña xenófoba, atribuyéndole a los extranjeros no residentes que vienen a la Argentina, la crisis que sufre la atención de la salud en los hospitales públicos. 

De un día para el otro, el gobernador jujeño Gerardo Morales decidió comenzar a cobrarle un arancel a los ciudadanos bolivianos que se atiendan en la provincia; horas después, un diputado de Cambiemos presentó un proyecto para que esa medida se extienda a todo el país y la Cancillería anunció que pedirá a todos los estados vecinos una política de reciprocidad o comenzará a cobrarse la atención en los hospitales a los habitantes de esos países. Rápidamente este planteo fue apoyado por varios ministros y hasta por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, con lo cual quedó claro su carácter de política de Estado. Recordemos, además, que el gobierno porteño de Macri-Rodríguez Larreta varias veces amagó –o manifestó su intención– de cobrarles a los vecinos del conurbano que cruzaran a atenderse a la capital. Por otra parte, el gobierno podría concertar el apoyo de una parte de la oposición, teniendo como precedente las declaraciones del jefe del bloque de senadores peronistas, Miguel Ángel Pichetto, contra la presencia de extranjeros pobres en el país.

Esta campaña de tinte oficialista tiene dos sentidos: por un lado, se trata de colocar un debate sobre un tema forzado para tratar de desviar la atención respecto del cuadro de crisis social y económica creciente y la también creciente bronca popular y, por el otro, colocar una cortina de humo para esconder la intención manifiesta del gobierno de ir hacia una privatización general en la atención de la salud, no solo para los extranjeros.

Los argumentos de esta política reaccionaria y xenófoba, además, no tienen el más mínimo sustento. Ninguno de que han lanzado la campaña ha aportado dato alguno que la justifique. 

Los relevamientos que existen muestran que la cantidad de extranjeros migrantes que se atienden en la Argentina es insignificante respecto del total, como así también el peso de ese gasto sobre el presupuesto de la salud pública. En la propia provincia de Jujuy, un relevamiento realizado por una universidad privada (ISalud) dio como resultado que menos del 2% de los atendidos eran extranjeros y la inmensa mayoría tenía residencia en la Argentina.

“Esta es una típica medida de un gobierno en crisis, que apunta a hacer responsables a las personas de los países hermanos de Latinoamérica de la crisis sanitaria y educativa que padece la población, pero que tiene su origen no en la atención a personas extranjeras, sino en la desfinanciación que le impone un Estado, que usa sus recursos para pagar una deuda usuraria y subsidiar a las grandes empresas”, destacó el legislador del PO-FIT, Gabriel Solano.

En este camino, el gobierno prepara la implementación de la perversamente denominada Cobertura Universal de Salud, que supone un importante paso hacia una mayor privatización de la atención de la salud. Incluye una reducción en la cobertura del actual Programa Médico Obligatorio (PMO) y un tope máximo mensual por encima del cual todos los gastos deberán ser cubiertos por el paciente, de tal manera que quedarán  por fuera de la atención gratuita todas las prácticas necesarias para atender enfermedades costosas (oncología, trasplantes, etc).

Esto está acompañado por la política de desfinanciamiento y reducción en la atención de los hospitales (Posadas) que tiende a liquidar la atención pública de la salud a los sectores más humildes y necesitados de la población. 

Solano presentó un proyecto en la Legislatura Porteña en defensa de la gratuidad del hospital público y denunció el plan oficial que, dijo, “abre la puerta al arancelamiento de la universidad pública, con la misma lógica distractiva”. 

Desde el Partido Obrero en el FIT, defendemos la atención gratuita integral para todas las personas. 

No a la privatización de la atención de la salud, que afecta a los sectores más vulnerables de la población, tanto argentina como de los demás países hermanos.

Abajo la campaña xenófoba del gobierno.