El municipio mendocino de Lujan de Cuyo adquirió por $153.390.907 –casi u$s4 millones– las instalaciones del Instituto religioso “Antonio Próvolo” en el cual, durante años, fueron abusados sexualmente por los curas que estaban al frente de la institución decenas de niños sordomudos que tenían a su cuidado.

El intendente Omar de Marchi justificó la onerosa adquisición con el argumento de que se podrían trasladar a ese edificio distintas reparticiones municipales. El senador mendocino del PO-FIT, Victor Da Vila, cuestionó la medida y anticipó que presentará una denuncia penal contra De Marchi por la compra del predio ya que “no es más que un nuevo capítulo de encubrimiento de los abusadores y de protección a la Iglesia católica”.

“De esta forma –añadió- el Arzobispado ya no tendrá que pagar de sus arcas las indemnizaciones, si no que serán los vecinos de Lujan con sus impuestos quienes las paguen” (Los Andes, 12/9), cuando, sostuvo, “el predio debió haberse expropiado sin indemnización alguna”.

La medida también fue duramente cuestionada por los familiares de los chicos abusados, quienes coincidieron en la acusación a las autoridades municipales por encubrimiento a la Iglesia. “Aún no han comenzado los juicios por las vejaciones” y es “un edificio judicializado” además de ser “la casa del horror” y esto, además, “cuando estamos debatiendo la separación de la Iglesia y el Estado”, planteó la madre de uno de los niños que concurrían al instituto (Los Andes 12/9).

Por su parte, el papá de una de las chicas abusadas amplió la denuncia y apuntó contra “la Justicia (que) está del lado de los curas, de los pedófilos y de los violadores”, por no haberse opuesto a que las autoridades municipales avanzaran con la compra del edificio (ídem).

La suma pagada por el municipio aparece como tan elevada que explica la satisfacción manifestada por las autoridades eclesiásticas. El obispo Alberto Bochatey, nombrado como interventor del Próvolo a nivel mundial por el papa Francisco y firmante del acuerdo de compra-venta del inmueble declaró que se encontraban “en una situación desesperada que nos estaba llevando a la bancarrota” y “esto nos va a permitir hacer frente a los costos que ya tenemos. Afortunadamente, la Municipalidad vino a nuestro encuentro y pudimos encontrar una solución beneficiosa para ambos”, aseguró exultante el obispo.

“Esta transacción se da en el marco de un ajuste terrible sobre los salarios de los trabajadores municipales quienes cada vez están más lejos de cubrir el costo de la canasta básica, y mientras se abandona la recolección de residuos para avanzar en la privatización de los servicios públicos”, denunció Nicolás Córdoba, concejal de Lujan de Cuyo del PO-FIT y agregó que “el intendente Omar de Marchi está dispuesto a desembolsar millones de dólares para recibir la bendición del Arzobispado en su afán de llegar a la gobernación de la provincia, pero sigue sosteniendo empleados con planes sociales o en cooperativas”. Córdoba, junto a Soledad Sosa, presentaron una denuncia ante la fiscalía de Estado por esta estafa.

Desde el Partido Obrero rechazamos esta iniciativa, y exigimos la inmediata expropiación del instituto y su puesta en funcionamiento por el Estado para cubrir las necesidades de los chicos hipoacúsicos.

Hay que terminar con los subsidios a la Iglesia y a las escuelas religiosas.

Para lograr estos reclamos es necesario reforzar la campaña por la separación de la iglesia del Estado.