Desde la Secretaría de Integración Socio Urbana de Nación y el sector de Obras Públicas del municipio bonaerense de San Isidro vienen llevando adelante un supuesto plan de urbanización que contempla la construcción de desagües pluviales y cloacales, pavimentos, veredas, iluminación y viviendas nuevas en el barrio Santa Ana.

Se trata de uno de los 16 barrios precarios que tiene San Isidro, donde habitan 1.082 vecinos. Para la realización del proyecto se destinarán apenas $137.175.285, lo cual de ningún modo alcanza para llevar adelante una urbanización real en una barriada que comprende 2,76 hectáreas de superficie. Sin ir más lejos, construir una casa de 100 metros cuadrados en la provincia de Buenos Aires, según los datos de la Asociación de Pymes de la Construcción, cuesta alrededor de $9 millones hoy en día, debido al encarecimiento sideral de los materiales de construcción.

En los anuncios oficiales figura que el plan está destinado a 260 familias, en decir, a una porción mínima de las personas que habitan en Santa Ana en condiciones precarias. A su vez, estamos hablando de $527.597 por familia, cifra completamente insuficiente para realizar cualquier obra de envergadura.

Por su parte, las viviendas que se construirán serán en lote propio, dejando por fuera a todos aquellos que no poseen un terreno. Además, no se anunciaron qué líneas de crédito se impulsarán para acceder a las mismas ni cuáles serán los requisitos para obtener dichos préstamos. Lo que existe en la actualidad es un acceso ultra restringido al crédito hipotecario con cuotas imposibles de solventar en el caso de las familias más empobrecidas. Por lo tanto, la construcción de viviendas sin garantizar la universalización del crédito hipotecario, a tasa cero y con cuotas accesibles, no soluciona en absoluto la crisis habitacional y plantea una hipoteca impagable para la población trabajadora.

A su turno, debe alertarnos uno de los puntos del proyecto: la intención de terminar el trazado de la calle Ipiranga “actualmente ocupada por viviendas” (Qué pasa web, 30/8). Todo indica que las obras en curso incluyen la remoción de viviendas construidas, y, en ese sentido, la expulsión de los vecinos que habitan allí. Así las cosas, “las mejoras urbanísticas” lejos de mejorar las condiciones habitacionales de Santa Ana significarán mayores ataques al derecho a la vivienda de los vecinos.

“Las obras de pavimentación serán fundamentales, ya que aportarán una mayor seguridad vial (…) y un mayor desarrollo de emprendimientos comerciales e inmobiliarios” señalaron desde Obras Públicas del municipio. Como se ve, el objetivo de este proyecto no es garantizar el acceso a la vivienda en Santa Ana, sino poner en valor la zona en cuestión para favorecer el negociado inmobiliario. Esta es la orientación que ha primado bajo el gobierno de Posse en San Isidro, dando como resultado el encarecimiento del suelo, en detrimento de las familias trabajadoras.

El empoderamiento de los capitales inmobiliarios y la falta de urbanización real de los barrios precarios es la norma en San Isidro. Esta orientación es defendida tanto por el intendente Gustavo Posse (Juntos por el Cambio) como por el Frente de Todos, cuyos concejales le votan todas las leyes al oficialismo municipal en el Consejo Deliberante.

En contraposición, desde el Frente de Izquierda Unidad planteamos la necesidad de un plan de viviendas y urbanización en San Isidro que cubra las necesidades habitacionales del distrito, bajo control de los vecinos y que emplee mano de obra desocupada bajo convenio colectivo de trabajo. En preciso el acceso universal al crédito hipotecario, a tasa cero, con cuotas que no superen el 10% del ingreso familiar. Es fundamental la creación de un banco de tierras ociosas (con fines especulativos) y fiscales para construir allí las viviendas populares. Este plan debe financiarse con la aplicación de un impuesto progresivo y permanente al gran capital.