Hace algunos días, el intendente de San Isidro, Gustavo Posse (Juntos por el Cambio), firmó un convenio mediante el cual le cedía un predio municipal al Obispado de San Isidro, a cargo de monseñor Oscar Ojea, que es a su vez presidente de la Conferencia Episcopal Argentina.

El mismo, ubicado en la zona del Bajo de San Isidro, será anexado al Jardín Maternal Sagrada Familia, que depende de Cáritas de la Parroquia Catedral. Vale aclarar que el distrito no cuenta con ningún jardín para niñxs desde 45 días que sea estatal; el municipio, en lugar de garantizar este derecho, delega en la Iglesia la puesta en pie de dichos dispositivos, permitiendo una mayor injerencia del clero en la educación.

Resulta inaceptable que en un partido como San Isidro, donde proliferan los barrios precarios como La Cava y el Bajo Boulogne, la intendencia le entregue terrenos municipales a la curia en lugar de construir vivienda popular. O bien, podría acondicionar ese predio para que sea de uso público, y, de esa forma, sumar un espacio verde en medio de un proceso de loteo y construcción indiscriminada, apalancada por los desarrolladores inmobiliarios. Sin embargo, Posse elige estrechar sus vínculos con la Iglesia, otorgándole cada vez mayores prebendas.

Finalmente, el poder político teje alianzas con el clero porque este último oficia de dique de contención del descontento popular hacia quienes gobiernan. Es una institución encargada de educar en la resignación y el sometimiento, y esa función es valorada por los gobiernos, para que los que mantener a raya a la población trabajadora sumida en la pobreza es una preocupación de primer orden.

Estamos hablando de un distrito donde proliferan las escuelas confesionales -subvencionadas por el Estado. Allí, la aplicación de una educación sexual, laica y científica brilla por su ausencia. A fin de cuentas, son las mujeres y las diversidades les mas perjudicades por esta política de empoderamiento sistemático al oscurantismo clerical.

Resulta necesario, entonces, pelear por la separación de las iglesias del Estado y para los predios municipales que se encuentren ociosos sean registrados en un banco de tierras, bajo control de asambleas barriales, y se dé lugar a planes de vivienda y extensión de servicios públicos a fin de resolver las necesidades habitacionales de los vecinos de San Isidro.