San Juan es noticia por un intento de saqueo sucedido este sábado a las 16 horas en una sucursal de Chango Más en el departamento de Rawson. El intento de saqueo congregó a unas 100 personas convocadas por whatsapp y redes sociales. Ninguna organización ni dirigente se hizo cargo de la convocatoria. La cita era conocida por el gobierno y la policía, que montaron un enorme operativo represivo, para atacar a la gente con balas de goma y terminar en una cacería con 36 detenidos.

Esta situación es incubada por la política de hambre del gobierno, y muestra el estado en el que está la provincia. En este caldo de cultivo, una convocatoria sin firma explotó una situación de desesperación de la población en el barrio, para armar una medida que terminó en la represión y la prisión para quienes participaron.

Al contrario de la lucha piquetera, organizada en los barrios en base a asambleas para luchar por un programa, los saqueos se apoyan en la desorganización y promueven un clima que facilita al gobierno la represión, especialmente contra la juventud de los barrios. Continuando con las represalias, además de la prisión a los participantes, el gobierno de San Juan pidió que se les saquen los planes sociales, una penalización económica sin juicio previo, que se agrega a las causas que les está armando la justicia.

Queda claro a través de la acción gubernamental que la responsabilidad del hambre no está en tal o cual supermercado sino en el gobierno y el conjunto de la clase capitalista.

El fantasma de los saqueos se presenta cada vez que enfrentamos un escenario de crisis en este país. Incluso Juan Grabois levantó el tema en su intervención en la movilización de puente Pueyrredón, llamando a discutir el salario básico universal. Las corridas del dólar del último período y la política de ajuste han establecido un empobrecimiento sin precedentes de la población en un cuadro de desocupación masiva, de trabajos precarios y de una pobreza que es parte de la historia de la provincia. Con niveles de pobreza superiores al 40% y con una política permanente de hambre y reducción salarial no se podía esperar menos.

El gobierno de Sergio Uñac que ha sido el gobernador más oficialista de la presidencia de Alberto Fernández, también lo ha sido del alineamiento de la nación con el FMI y por lo tanto el cumplimiento de sus requisitos antipopulares. Para abordar la crisis aplica un ajuste en regla que desborda la situación social, sin embargo su respuesta solo encuentra una salida represiva. Es más fácil detener a una treintena que aliviar el hambre de miles.

La responsabilidad del gobierno provincial es total. Hace varios días, según trascendió por la conferencia de prensa de la policía de San Juan, esperaban una situación de este tipo. Sin embargo, en vez de establecer una dotación de alimentos, de ampliar el reparto de alimentos y la asistencia social a las familias carenciadas y que están en situación de pobreza extrema, lo que hicieron fue reforzar el aparato represivo.

Que San Juan sea el primer lugar en el país en el que se protagonice un saqueo también es la evidencia del fracaso de un modelo de saqueo de otras características como fue la megaminería que evidentemente no le ha resuelto absolutamente ningún problema de tipo estructural a la provincia y mucho menos las necesidades como el trabajo genuino o el desarrollo industrial.

Estamos frente a un gobierno completamente empantanado y asustado que no va a escatimar ningún tipo de recurso para seguir descargando sobre las masas populares la crisis y centralmente garantizar a los especuladores internacionales sus exigencias.

El Partido Obrero de San Juan reclama la inmediata provisión de alimentos y asistencia a las familias carenciadas así como también la suspensión de todos los subsidios y concesiones impositivas a las grandes empresas para destinar esos recursos a la creación de puestos de trabajo genuino y a la inmediata provisión de alimentos para quienes lo necesiten.

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