En San Luis, el frustrado precandidato del PJ, Rodríguez Saá, ha planteado convertir a los actuales establecimientos educativos de la provincia en “escuelas-chárter”, un sistema bastante difundido en EE.UU., que ha recibido la entusiasta adhesión del diario La Nación y de varios reconocidos privatistas.

Autogestión

Lo que caracteriza a las ‘escuelas chárter’ es que “reciben del estado un subsidio por alumno y cuentan con total autonomía administrativa y pedagógica, que las lleva a contratar a sus propios docentes, sin tener en cuenta los reglamentos establecidos para los establecimientos estatales” (La Nación, 21/5). Las escuelas pierden su carácter estatal y pasan a ser establecimientos privados. De tal forma, ya sea por la reconversión de los actuales colegios o por la creación de otros nuevos (el proyecto contempla que cualquier empresario puede formar su propia ‘escuela’ para atraer alumnos ‘chárter’), la educación pública será borrada del mapa.

Se establecerán las “asociaciones educacionales”, de derecho privado, que podrán ser formadas por cualquier particular. Podrán organizar las instituciones, su propio proyecto pedagógico y modelo de gestión y también la forma de evaluación. El sindicato docente de San Luis denunció a esta política como una forma de “privatización de la enseñanza”.

Cada establecimiento puede “buscar fuentes alternativas de financiamiento” al del subsidio por alumno, es decir que deja el camino libre para el arancelamiento o el contrato de créditos. El énfasis que ponen los defensores de este sistema sobre la ‘participación de la familia’ en la educación, escamotea la privatización. Las familias tendrán que hacerse cargo de la educación lo cual sería mortal para las familias obreras.

Competencia

Se pretende que las ‘escuelas-chárter’ produzcan una ‘competencia’ entre los diferentes establecimientos para ganarse a la mayor parte de los estudiantes. Cada colegio, entonces, tendrá su propia oferta de cursos; el estudiante pasará a ser un cliente.

Pero la competencia supone primero el capitalismo, o sea la destrucción de los derechos de los trabajadores, en este caso, los docentes y no-docentes, para aumentar los beneficios. La fuerza de trabajo en la educación forma una parte fundamental del capital debido a la escasa inversión en tecnología, si se la compara con ramas de la industria como la automotriz o la informática. De ahí la insistencia de Mora y Araujo en que se debe “racionalizar la función docente”, destruyendo el Estatuto del Docente (BAE, 28/5) y llama a Rodríguez Saá a no aflojar frente al repudio del gremio.

La competencia entre las diferentes ‘asociaciones educacionales’ llevará a un proceso de concentración, donde las ‘asociaciones’ más débiles serán desplazadas por las más fuertes, como ha sucedido ya con las AFJPs. En Brasil, por ejemplo, “el 20% de los estudiantes de los colegios privados está monopolizado por 5 grandes pulpos capitalistas” (O Estado de Sao Paulo, 30/5). Estos tienen sus propios establecimientos, pero también administran los que son de propiedad de capitalistas menores. Como éstos “tienen problemas financieros que no pueden resolver” (ídem), son absorbidos por la red de los grandes grupos capitalistas.

Las ‘escuelas-chárter’ no son más que una de las facetas de la ‘reforma educativa’. El movimiento docente y estudiantil debe continuar la lucha hasta su derogación.